EN situaciones de emergencia, y ésta de España lo es, las naciones necesitan líderes con personalidad, determinación y amor por su nación. Por este motivo las tres potencias -con larga tradición democrática- que han dominado el planeta en los últimos cuatro siglos (Inglaterra, Francia y Estados Unidos), en los momentos difíciles, han sabido elegir a los líderes adecuados a cada situación: Nelson, Richelieu, Churchill o Lincoln son magníficos ejemplos. Desgraciadamente los españoles no hemos sabido elegir, o no nos han dejado hacerlo, y lo cierto es que en pleno siglo XXI aún seguimos sin comprender este importante capítulo político-democrático.

Ocho largos años de gobierno pusilánime -es lo más suave que se me ocurre- nos han llevado a una situación social y económica límite; y en noviembre teníamos que acertar llevando a La Moncloa a un auténtico líder; pero en vez de eso hemos llevado a un tibio. Los tibios son individuos que conocen el problema pero no lo involucran en sus vidas, saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen porque tienen su propia agenda, en definitiva la prioridad de este presidente no es la nación sino su propio ego.

Dos políticas españolas, Esperanza Aguirre y Rosa Díez, cualquier cosa menos tibias, lo han dicho bien clarito en las últimas semanas: sólo devolviendo las competencias de sanidad, educación y justicia de las comunidades autónomas al Estado central, España ahorraría 48.000 millones de euros. Si profundizamos un poco más en los enormes "yacimientos" de gasto improductivo y suprimimos administraciones públicas duplicadas o triplicadas, empresas públicas deficitarias, el Senado, diputaciones provinciales, ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes, subvenciones a las grandes empresas del Íbex 35, a los partidos políticos y sindicatos... estaríamos hablando de ahorrar más de 100.000 millones de euros, ¡16 billones de pesetas! (conviene ir recordando el cambio peseta/euro).

¿Empezaríamos a resolver los tres problemas urgentes y los 5 millones de problemas graves que tiene la economía española? (Los urgentes son la deuda soberana, el déficit público y la reforma del sistema financiero). La respuesta es sí. Sí porque los ahorradores-inversores del mundo (fondos de inversión, fondos de pensiones, inversores particulares, etc.) que nos han financiado en los últimos años volverían a hacerlo porque confiarían en nuestra capacidad para devolverles su dinero; la deuda pública se iría reduciendo y los intereses en idéntica proporción; el Estado dejaría de absorber la casi totalidad de los recursos disponibles del sector financiero para financiar su déficit y todavía quedaría dinero para ¡financiar pymes!, y no sólo eso, sino que incluso nos quedaría saldo suficiente para desarrollar inversiones productivas (olvídense del Plan E y piensen en el Plan hidrológico nacional, mejora de la red de transportes por carreteras, el Puente de La Pepa…). La estadística es contundente: por cada millón de euros invertido en obra civil se crean 30 puestos de trabajo y, ¡ojo!, con un retorno fiscal del 56% vía impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y ahorro de subsidios de desempleo. ¡No se corten, cojan la calculadora y multipliquen!: por cada 10.000 millones de euros en obra civil = 300.000 empleos.

Pero para conseguir esto es imprescindible que el presidente del Gobierno modifique las prioridades que en estos cien primeros días han dirigido sus decisiones. A modo de recordatorio: ¿Recortamos ayuntamientos o hacemos pagar medicamentos a pensionistas? ¿Suprimimos diputaciones o subimos impuestos a las clases medias? ¿Cerramos el Senado (traductores incluidos) o hacemos pagar el doble a los universitarios? ¿Eliminamos subvenciones a sindicatos o bajamos el sueldo a funcionarios de carrera?

Las respuestas las conocemos todos, y a continuación viene la gran pregunta: ¿Porqué nuestro presidente no tiene la menor intención, aparentemente, de recortar lo que de verdad sobra? Porque recortar gasto improductivo significa desemplear a políticos de segunda, tercera o incluso cuarta fila que ahora son alcaldes o concejales, presidentes o vicepresidentes de empresas públicas, consejeros o asesores de las más variopintas administraciones o fundaciones, senadores tan desconocidos como inútiles. En resumen, sus compañeros de partido, que tan sumisa y obedientemente le han apoyado a los largo de éstos últimos ocho años de oposición.

¿Saben lo que contestó nuestro presidente a su compañera (que no amiga) la presidenta de la Comunidad de Madrid? "Que él no discute, ni siquiera se plantea un debate sobre el estado autonómico que está en la constitución". ¿Son éstas las prioridades del tibio de Pontevedra?