Lo han podido leer en este periódico: en menos de una semana hemos dado cuenta de cómo la Junta de Andalucía tenía que desembolsar más de trescientos millones de euros para hacer frente a sentencias judiciales que le han sido adversas. 328 millones, para ser exactos, que salen, no hay otro sitio de donde sacarlos, del bolsillo de los contribuyentes andaluces y que no han ido a pagar otras cosas que sin duda hacen más falta en una región donde la falta de inversión pública se deja sentir en sectores clave. La primera sentencia, que le cuesta a las arcas del Gobierno andaluz 168 millones, tiene que ver con la paralización durante una década de la construcción de un centro comercial en Granada. El promotor Tomás Olivo ha logrado que el Supremo le reconozca el lucro cesante por la paralización del centro comercial, después de que la Junta, por razones nunca suficientemente explicadas, ni concurriera a la vista en la que se juzgaba la cuestión. La segunda nos toca todavía más cerca: la Consejería de Fomento ha asumido la sentencia, también del Supremo, que la obliga a pagar otros 160 millones a las constructoras del Metro de Sevilla en concepto de sobrecostes e intereses por la obra de la única línea que funciona en la ciudad. El pronunciamiento judicial y la aceptación de la Junta ponen fin a un pleito que ha durado siete años y en el que Sacyr, ACS y Gea 21 se han llevado la razón y el dinero. Así, el raquítico Metro que comunica Mairena con Montequinto habría costado 890 millones de euros y no los 658 que siempre dijo la Junta, pero que la Cámara de Cuentas ya había elevado hasta los 730. Como para plantearse una ampliación.

Ambos casos tienen un denominador común: errores o negligencias en la toma de decisiones administrativas que terminan pagándose con el dinero de todos. Posiblemente, una de las cosas que peor ha hecho la Junta durante los últimos años y que ha sido determinante en el castigo electoral que han sufrido los socialistas, sea la impresión ampliamente compartida de que ha habido falta de control en el empleo de los fondos públicos. Este convencimiento está en el origen del caso de los ERE y ni que decir tiene que en el de la Faffe, aunque también se podría hablar de lo que cuesta Canal Sur o de la proliferación de empresas públicas y fundaciones. Estas dos sentencias ponen negro sobre blanco que algo de ello hay. Por el desagüe se han ido en poco menos de una semana trescientos y pico millones que no se van a poder emplear en cosas que de verdad hacen falta. Un ejemplo más de por qué ha pasado lo que ha pasado.