EL juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la policía autónoma vasca que le remita un informe sobre el acto convocado para mañana, sábado, en Durango (Vizcaya) por el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos en el que participarán los 63 terroristas que han sido excarcelados en las últimas semanas tras la derogación de la doctrina Parot. Previamente, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero -hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía asesinado por ETA- había pedido la prohibición de la convocatoria. El acto tiene como objetivo declarado mostrar el apoyo de los terroristas liberados tras cumplir sus condenas al colectivo de etarras que continúan en prisión y que hicieron público la semana pasada un comunicado reconociendo el "daño multilateral" causado por sus actividades criminales y aceptando la legalidad penitenciaria que les obligará a demandar beneficios carcelarios de manera individual, algo que hasta ahora la banda terrorista les había impedido rotundamente. Aunque el mundo proetarra cuenta con numerosos abogados expertos en encontrar recovecos en las leyes para disfrazar actos delictivos con ropajes jurídicos aparentemente legítimos, no hay que dudar de lo que se prepara en Durango: un homenaje a los terroristas puestos en libertad sin haberse arrepentido de sus crímenes y que, a su vez, mostrarán su simpatía y respaldo a los terroristas que aún se encuentran en prisión y que tampoco están arrepentidos, que se niegan a pedir perdón a sus víctimas y que buscan simplemente la fórmula más rápida de abandonar la cárcel. En resumen, una auténtico enaltecimiento del terrorismo, puesto que se presenta como una consecuencia del conflicto y cuya violencia vendría a responder a la violencia del Estado democrático. El discurso de siempre de ETA, organización a la que ya no le es útil el ejercicio del terror tras haber asesinado a más de ochocientos españoles, pero que continúa sin disolverse y mantiene sus estructuras paralelas de propaganda y activismo. Una de esas estructuras es la que ha convocado el siniestro acto de mañana y sin disimular su condición, ya que la preside una abogada imputada como enlace entre la organización terrorista y sus presos. Son razones suficientes para que la Audiencia y la Fiscalía reaccionen impidiendo una celebración que humilla a las víctimas, veja su memoria y exalta a los verdugos: a los que salieron de la cárcel y a los que siguen presos, no por un conflicto político ni por una lucha ideológica, sino por matar a personas cobardemente. Unos y otros pretenden aplaudirse mutuamente a la vista de todos.