La tribuna

eduardo Moyano Estrada

El acuerdo de asociación Transatlántica

ES paradójico que, en épocas de globalización económica, se acelere la formación de grandes bloques comerciales. El pasado lunes, culminaron las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) entre los EEUU y once países del Pacífico (entre ellos Japón, Australia, Nueva Zelanda Chile, México, Singapur o Vietnam).

Mientras tanto, la Unión Europea y EEUU llevan negociando más de tres años para alcanzar un acuerdo similar de asociación (conocido por sus siglas inglesas TTIP). Si se logra, se crearía una zona de libre comercio mayor incluso que la del TPP, ya que ambas potencias económicas representan más del 50% del PIB mundial, más de un tercio del comercio internacional de bienes y servicios, y 800 millones de consumidores.

La negociación sobre el TTIP comenzó en 2013, a iniciativa del presidente Obama, con el objetivo de establecer una zona de libre comercio UE-EEUU, que superara el punto muerto al que se había llegado en la ronda de Doha de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Sin embargo, en estos años el TTIP se ha convertido en un proyecto que no sólo trata de cuestiones comerciales, sino que también incorpora temas tales como la armonización de normas, la homologación de exigencias administrativas, la coordinación de leyes para facilitar el comercio y la inversión, o la creación de especiales instancias judiciales.

Y es precisamente por la mayor ambición del TTIP que está surgiendo un intenso debate a nivel europeo y norteamericano sobre este asunto, manifestándose posiciones sociales y políticas a favor y en contra del mismo. Así, en el debate del Parlamento Europeo sobre el Informe Lange, celebrado en junio, se manifestaron en contra grupos de la izquierda (los diputados de IU, Podemos y algunos socialistas europeos), pero también Los Verdes y grupos ultranacionalista (como el Frente Nacional francés). Por su parte, populares, conservadores, liberales y la mayor parte de los socialistas (entre ellos, los del PSOE) manifestaron su apoyo. En la parte norteamericana, los sindicatos y sectores del Partido Demócrata están en contra, y el Partido Republicano a favor.

Los detractores consideran que el TTIP no es necesario, ya que los aranceles son ya muy bajos en las relaciones comerciales entre los EEUU y la UE. Ven en el acuerdo los intereses de las grandes empresas norteamericanas para entrar en Europa e imponer sus criterios de privatización de servicios públicos y rebaja de las exigencias ambientales (en asuntos como los transgénicos o el fracking) por citar sólo algunas de las críticas. Consideran que se están tratando con total secretismo asuntos que afectan al funcionamiento del sistema democrático, como la propuesta de crear instancias extrajudiciales (ISDS) para dirimir posibles conflictos entre empresas y gobiernos.

Los favorables al TTIP entienden que, en el actual contexto de capitalismo global, ya no es posible que un país o bloque económico pueda ser viable replegándose sobre sus propios mercados internos (por muy grandes que éstos sean), siendo necesario establecer alianzas comerciales para no caer en el aislamiento o en la insignificancia económica. Además, consideran que la economía europea está perdiendo peso en el conjunto de la economía mundial ante la competencia de otras economías emergentes, por lo que el TTIP neutralizará esa tendencia. En general, creen que los EEUU son el mejor socio de la UE para establecer alianzas sólidas y solventes. Y esto por razones políticas (sistemas democráticos similares, alianzas militares comunes), económicas (sistemas de mercado y economías muy parejas) y culturales (valores ético-normativos comunes). A ello añaden que una posible asociación transatlántica neutralizaría la tendencia reciente de EEUU a volcarse en el área del Pacífico (recordemos el ya citado TPP), y haría que los gobiernos y agentes económicos norteamericanos volvieran a interesarse por los temas y socios europeos.

Por ahora lo que tenemos es un proceso de negociación del que se van sabiendo algunos detalles, pero que sólo se conocerá en su totalidad cuando finalice el trabajo y se haga público el proyecto definitivo. Entonces el proceso seguirá su curso en las instancias políticas de cada parte. En la UE, el acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, y, en algunos estados tendrán incluso que ratificarlo sus parlamentos. Por parte de los EEUU, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso. Queda, por tanto, un largo camino por recorrer.

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