EL pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, que suele convocar la FAO con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los problemas relacionados con el hambre, la pobreza y la malnutrición. Coincidiendo con ese acontecimiento, la OMS ha publicado el Informe Straif sobre consumo de carne procesada y roja, que tanta polémica está levantando en la opinión pública y que está generando una lógica preocupación en los productores y los consumidores.

En estas campañas de FAO es habitual la utilización de conceptos tales como el de "seguridad alimentaria", entendida como el derecho de los ciudadanos a satisfacer sus necesidades básicas de alimentos. Este concepto responde a un enfoque sectorial (agrícola) del problema del hambre en el mundo, según el cual un aumento de la producción de alimentos es indispensable para su resolución. Para la perspectiva de la "seguridad alimentaria", y en coherencia con estos enfoques sectoriales, no importa cómo ni dónde se produzcan los alimentos, pues lo relevante es que exista un elevado nivel de producción agraria a nivel mundial, y que el comercio sea el que se encargue de asegurar el abastecimiento de la población. De ahí la habitual llamada de alerta sobre la necesidad de aumentar la producción de alimentos para satisfacer la demanda mundial de una población que en el año 2050 superará los 9.000 millones de personas.

La realidad nos dice, sin embargo, que los enfoques sectoriales no están contribuyendo a que se logren los objetivos previstos en la lucha contra el hambre (según FAO existen todavía 800 millones de personas en situación de hambre y desnutrición). Además, informes cualificados señalan cómo tales enfoques sectoriales están propiciando la expansión de modelos de producción y consumo que, controlados por las grandes transnacionales, tienen graves efectos en el deterioro del medio ambiente. Indican, además, que esos modelos provocan importantes desequilibrios en materia de nutrición y abastecimiento de alimentos a las poblaciones más desfavorecidas, además de una fuerte volatilidad de los precios agrícolas y el empobrecimiento de muchos pequeños campesinos.

Esto explica la emergencia de nuevas perspectivas, más integrales, a la hora de tratar estos problemas. Una de ellas es la perspectiva de la "ciudadanía alimentaria" (Renting, Gómez Benito, Lozano,…), según la cual los ciudadanos de cualquier parte del mundo tienen derecho a una alimentación sana y de calidad, pero también el deber de realizar un consumo responsable valorando sus efectos en el bienestar de otras poblaciones (de nuestro entorno más cercano, y del resto de mundo) y en el medio ambiente. Esta perspectiva plantea que el problema del hambre no es sólo un problema de producción de alimentos, sino de modelos de desarrollo, y que no es, por tanto, un problema de los países pobres a los que se tendría que ayudar por razones humanitarias, sino un problema global que también afecta a los países desarrollados. Esta perspectiva implica, además, concebir a los productores y consumidores de alimentos (de los países ricos y de los países pobres) como sujetos activos con derecho a participar en el ámbito público para reorientar los modelos de producción y consumo. Para ello promueve movimientos sociales e impulsa el desarrollo de experiencias de cooperación entre productores y consumidores (canales cortos, mercados locales, slow food…).

El debate sobre el citado Informe Straif es un buen ejemplo de las limitaciones del enfoque de la "seguridad alimentaria" para responder a las preocupaciones sobre los modelos de producción y consumo. Declarar el derecho de los ciudadanos a la alimentación no garantiza que ésta sea sana y de calidad, si no va unido al derecho de estar informados sobre lo que comemos, y al deber de ejercer una actitud proactiva, tanto a nivel individual, como colectivo. Es ahí donde adquiere sentido el enfoque de la "ciudadanía alimentaria", ya que, como sujetos activos, debemos informarnos sobre los modelos de producción de alimentos, asegurarnos de que lo que consumimos responde a unas pautas válidas de sostenibilidad ambiental (incluyendo temas como el del bienestar animal), comprobar, además, que no se han producido en el marco de política perjudiciales para los campesinos de otras partes del mundo y, finalmente, movilizarnos para emprender acciones que busquen sistemas alternativos a los modelos de producción y consumo convencionales.

Por tanto, ante el Informe Straif, un ciudadano dispuesto a ejercer activamente su derecho en estos temas debe, primero, informarse sobre la solvencia de dicho informe, compararlo con otros estudios similares, exigir transparencia a las autoridades sanitarias y finalmente actuar en consecuencia haciendo uso de su libertad como consumidor y su capacidad para agruparse en acciones de tipo colectivo. Sólo de ese modo el derecho a la alimentación podrá ser ejercido como un derecho de ciudadanía.