La tribuna

José Joaquín Fernández Alles

No hay choque de trenes

COMO si fueran meros observadores imparciales, algunos representantes políticos están invocando la denominada tesis del choque de trenes para definir la situación derivada de la estrategia independentista catalana y la consiguiente respuesta del presidente Rajoy. Según esta tesis, el nacionalismo catalán y el Presidente del Gobierno -¿los dos en el mismo nivel?- han asumido unos planteamientos que, antes de que se produzca la colisión, tendrían que ser superados a partir de un entendimiento conciliador que nos conduzca a un nuevo marco de convivencia en el que los nacionalistas "se encuentren cómodos". Y, sin garantías de consensos ni concreción de contenidos, proponen la reforma "a la medida" de la Constitución de 1978.

Pues bien, quienes patrocinan esta tesis del choque de trenes quizás deberían valorar si realmente resultan oportunas estas equidistancias cuando está en juego la defensa de principios constitucionales tan importantes para Andalucía como la igualdad entre los ciudadanos o la solidaridad territorial. Estos límites que ha alegado el presidente del Gobierno no son límites derivados sólo de la Constitución de 1978 sino límites esenciales de todo Estado Constitucional de Derecho, cuya construcción teórica demuestra que la democracia se ejerce por definición en el marco de las garantías y los procedimientos establecidos, nunca contra ellos. Nada hay más antidemocrático que invocar la democracia para a continuación ignorar el poder originario del pueblo español, que es el sujeto constituyente y la base de la Constitución democrática y de todos los poderes autonómicos derivados de ella. Como afirmó el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010 (Estatuto de Autonomía de Cataluña), "el pueblo de Cataluña no es sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauración de la Constitución de la que trae causa el Estatuto que ha de regir como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

En relación con posibles reformas constitucionales "a la medida", convendría recordar que los redactores de la Constitución ya forzaron algunos principios básicos del constitucionalismo igualitario para dar cabida a las asimetrías, los foralismos, los regímenes fiscales y los hechos históricos diferenciales, incluso más allá de lo que resulta admisible, por ejemplo, en estados federales como los Estados Unidos de América o Alemania (calificado de Estado federal unitario). Ese sacrificio de principios constitucionales esenciales se asumió para que los partidos nacionalistas se integraran en un sistema constitucional compartido, incluyendo un régimen electoral que les ha ofrecido muy rentables posibilidades negociadoras en legislaturas sin mayorías absolutas. ¿Cabe sacrificar aún más la igualdad territorial?

No debe olvidarse que el impulso del proceso separatista catalán coincide en el tiempo con la crisis económica, el deterioro de los servicios públicos autonómicos y la aparente debilidad del Estado, y responde a una estrategia que a corto plazo ha tenido el resultado previsible en todo nacionalismo ante similares circunstancias: el partido menos moderado (ERC) se ha convertido en el partido más valorado en los sondeos electorales y, para no quedarse atrás, CiU ha decidido liderar -¿desde las instituciones?- el mal llamado derecho a decidir, retroalimentando con ello una dinámica cuyo posible carácter coyuntural no es descartable a la luz de lo que se desprende de las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (entidad de la Generalitat): si en noviembre de 2005 el 12,9% de los catalanes estaban a favor de la independencia, en 2013 la cifra alcanzó el 54,7%.

En esta cuestión tampoco resulta irrelevante la patente incompatibilidad entre la inviable estrategia soberanista y el marco institucional de la UE, quien ya ejerce relevantes contenidos de la soberanía -la misma que reclaman los separatistas- en virtud de las cesiones operadas en virtud del artículo 93 CE. Aunque el presidente de la Comisión de la UE ha afirmado que "no es competencia de la Comisión pronunciarse sobre cuestiones internas constitucionales españolas", al mismo tiempo ha asegurado que "Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea si se independiza", y que "el Derecho europeo lo dice claramente (…): Si hay un territorio de un país que vaya a salir de ese país, claro que es otro Estado y ahí tendría que pedir la adhesión, si quiere, a la UE, y los otros países tendrían que aceptarlo para ser miembro". Cataluña se independizaría también de la Unión Europea.

En fin, cuando pasen algunos años y lleguemos a lo que los canadienses calificaron en su momento como el generalizado "cansancio constitucional" ante las reivindicaciones secesionistas, algunos políticos quizás se convenzan de que, frente a fáciles equidistancias o reformas constitucionales "a la medida", puede ser que los electores recompensemos a quienes hayan promovido la unidad política con lealtad a los principios de igualdad entre los ciudadanos y de solidaridad territorial, tan vitales para los intereses de los más desfavorecidos y de Andalucía.

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