La deuda razonable

SE extiende el convencimiento de que el panorama económico comienza a aclarase, a pesar de que la multitud de zonas oscuras en los pronósticos. Incluso el mercado de trabajo y la deuda externa, los dos imponentes baluartes contra los que parecía imposible luchar, han comenzado a ceder en su hostilidad. Los últimos datos de la EPA indican que se ha creado más empleo del que se ha destruido y los de balanza de pagos que se ha conseguido capacidad de financiación neta frente al exterior, lo que significa que se ha reducido el endeudamiento del conjunto de la economía española frente al resto del mundo, que es algo que no ocurría desde 1997.

El foco de mayor resistencia se encuentra en las finanzas públicas. El Gobierno no termina de encontrar la fórmula para cumplir con sus compromisos de reducción del déficit y de frenar la escalada de la deuda pública, que ya ha conseguido superar la barrera del 90 del PIB %, tras incrementarse en un 17% desde el pasado verano, y que alcanzará el 100% a la altura de 2016.

Hace tiempo que se intuía esta deriva suicida, hasta el extremo de lograr concitar uno de los escasos puntos de acuerdo entre gobierno y oposición durante la pasada legislatura, con el fin de llevar a la Constitución una particular "regla de oro presupuestaria". Durante la próxima década el déficit público estructural deberá ser inferior al 0,4% del PIB y el endeudamiento al 60%, bajo amenaza de multas, cuya recaudación se destinaría a engrosar el Mecanismo Europeo de Rescate. Una iniciativa discutible y con bastantes flecos técnicos por resolver, pero que la ortodoxia germánica dominante ha conseguido imponer al conjunto de la Unión. Pero ¿hasta qué punto está justificado el pánico al déficit y al endeudamiento?

En el caso de proyectos de inversión cuyos rendimientos se van a estar percibiendo durante algún tiempo, lo razonable no es cargar la totalidad de los costes sobre los contribuyentes actuales, sino diferir su financiación con recursos ajenos. Lo que no es razonable es emitir deuda pública para financiar el bienestar actual y pasar la factura a las generaciones futuras, que es lo que en estos momentos se está haciendo en España.

En realidad la financiación de una inversión pública mediante la emisión de deuda debería satisfacer también el requisito de que los rendimientos esperados superen a los costes financieros, lo que lleva a concluir que el mejor momento para endeudarse es precisamente cuando los tipos de interés son reducidos, que tampoco ha sido lo habitual en las subastas del Tesoro de los últimos años. Todavía quedaría por formular la pregunta sobre los límites del endeudamiento público. La UE ha decidido fijarlo en el 60% del PIB, entendiendo que el coste de la deuda sería fácilmente asumible por los estados, sin amenaza alguna sobre su estabilidad financiera, pero el verdadero reto para España está en comenzar a reducir el endeudamiento público. Para ello no bastaría con la desaparición completa del déficit, sino que habría que generar un superávit no financiero que permitiera hacer frente a los intereses de la deuda (más de 30.000 millones) y dedicar el resto a su amortización.