LA Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras se creó en Alemania hace algo más de una década por un grupo de jóvenes con el fin de luchar por la justicia intergernacional. En la actualidad es una organización de ámbito internacional que se declara ajena a toda orientación política y convoca reuniones periódicas en las que se analiza la destrucción del medio ambiente, el desempleo juvenil, el endeudamiento de los estados, la crisis de la educación, los derechos infantiles y los sistemas de pensiones; en definitiva, el conjunto de variables fundamentales que integran el legado generacional. Se trata, de un grupo de jóvenes dispuestos a plantear una resistencia activa ante la gestión imprudente de los recursos que integran ese legado, con frecuencia excesivamente sesgada por las necesidades a corto plazo que se ven obligados a afrontar sus responsables actuales.

Si la juventud andaluza decidiera plantear una iniciativa semejante es probable que tuviese razones para quejarse de que el testigo generacional que recibirá vendrá excesivamente cargado de compromisos asumidos por sus mayores. Es razonable que teman recibir un sector público demasiado desequilibrado desde un punto de vista financiero, debido en parte a que se ha dimensionado de acuerdo con las extraordinarias posibilidades de las ayudas europeas de los últimos 25 años. Tendrán que aceptar que, como consecuencia de ello, sus oportunidades de empleo en el sector público serán muy inferiores a las de las actuales generaciones maduras y un cierto pesimismo acerca de la evolución de la calidad de los servicios públicos, como consecuencia del envejecimiento y las dificultades de renovación del funcionariado. También saben que tendrán que contribuir con sus impuestos y cotizaciones sociales a su mantenimiento, primero como funcionarios y luego como pensionistas, pero sobre todo deben preocuparse de que el impacto de las dificultades financieras en la inversión pública pudiera llegar a traducirse en un descenso neto del stock de capital público. Se trata de una contabilidad difícil de elaborar, pero si fuera posible que cada generación sumase sus inversiones en capital público al valor del patrimonio recibido de la anterior y luego descontase el volumen de endeudamiento, es probable que la generación que se incorpora al mercado de trabajo a partir de la crisis de 2008 se encontrase con la sorpresa de que iba a recibir un legado inferior a la anterior en términos netos, especialmente si en el balance se incluyen el endeudamiento del sector privado y el estado del patrimonio paisajístico y ambiental.

Si efectivamente el saldo fuera negativo, cabría denunciar a la generación actual por injerencia en el espacio temporal propio de las siguientes, es decir, de administrar el bienestar presente utilizando un volumen tan elevado de los recursos de las generaciones venideras, que podría llegar a comprometer su propio nivel de bienestar. Una generación okupa, que podría estar provocando la quiebra del principio de justicia intergeneracional, que en su versión débil se resume en que el stock de capital que transfiere una generación no debe ser inferior al que recibe. El calificativo de débil viene a cuento de que asume que las distintas formas de capital público pueden intercambiarse y que puede aceptarse como justo un deterioro del medio natural, siempre que se compense con una mayor dotación de infraestructuras. Como se puede intuir, la versión fuerte rechaza la posibilidad de sustitución, al menos en todos los casos, y establece umbrales críticos de equipamiento, tanto natural como humano, que en ningún caso se deben superar.

El problema de la justicia intergeneracional es que debe ser compatible con la intrageneracional, es decir, con la justicia social a secas, dado que tampoco resulta fácil de justificar la salvaguardia de los intereses futuros a costa del bienestar de los más necesitados en el presente. El análisis económico resuelve el conflicto señalando que la adopción de una decisión con implicaciones temporales debe basarse en la comparación entre rendimientos presentes y futuros descontados, dándose la circunstancia de que la tasa de descuento que aplican los más pobres suele ser mayor que la de los ricos, con dos implicaciones básicas que se desprenden de la misma. La primera, que también serán los más pobres, y por tanto las economías menos desarrolladas, los más propensos a soluciones injustas desde un punto de vista intergeneracional.

La segunda, que si las necesidades aumentan con la crisis y el desempleo, la tasa de descuento que seguramente se aplica en Andalucía en estos momentos para decidir sobre la asignación en el tiempo de los recursos debe resultar particularmente elevada, lo que significa que efectivamente podríamos estar transfiriendo a las generaciones futuras una parte excesivamente grande del coste de nuestro bienestar o de nuestra resistencia a apretarnos el cinturón.