ES tan intrincado conocer si fue antes el huevo que la gallina, o viceversa, como dilucidar con rotundidad quién ha empezado la confrontación (segunda fase) entre el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía.

La dificultad procede del hecho contrastado de que en la política española no existe la inocencia. Es tan sectaria y tan banderiza que el espíritu partidista se cuela en todos los rincones de la vida nacional. Por supuesto, también en las instituciones, cuyos ocupantes temporales desconocen la lealtad y las utilizan frecuentemente en la lucha de partidos. Como plataformas privilegiadas contra el adversario.

Con sólo observar la realidad desde un mínimo distanciamiento se saca la impresión de que el primer mandamiento del Gobierno de la nación en sus relaciones con Andalucía consiste en acorralar a la Junta en manos de PSOE e IU y que el primer mandamiento de la Junta es erigirse en baluarte frente al Gobierno de la nación en manos del PP. Desde Madrid se trataría de castigar a la comunidad autónoma andaluza como territorio comanche y prácticamente insumiso frente a las políticas de control del déficit público, y desde Sevilla, de sabotear al Ejecutivo de España que recorta, recorta y vuelve a recortar los derechos sociales de los andaluces.

Incluso antes de las elecciones del 25-M, es decir, antes de materializarse el peligro comunista en la Junta, ya había el Gobierno Rajoy recurrido ante el Tribunal Constitucional las oposiciones convocadas para profesores de enseñanza, la incompatibilidad de alcaldes y diputados autonómicos y la subasta de medicamentos. Tres recursos seguidos. Paralelamente, y todavía estando en funciones, el Gobierno andaluz ya ha anunciado su propio recurso ante el TC contra los recortes decretados por el nacional en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares (y cualquier emigrante regularizado puede perder esta condición si se queda en el paro y le retiran la tarjeta de residencia). Lo ha hecho ya el País Vasco, también de color socialista, y la Junta se ha apresurado a contar que sus servicios jurídicos están ultimando los informes justificativos, aun sin haber tomado posesión el nuevo consejero de Salud, que será más bien consejera.

La primera etapa de esta confrontación, entre los años 1996 y 2004, con Chaves en San Telmo y Aznar en la Moncloa, arrojó un balance variopinto en los tribunales pero unitario en un aspecto fundamental: fue estéril y perjudicó a los andaluces, cuya principal preocupación a nivel político es que los dos gobiernos, el de aquí y el de allí, se dediquen a resolverles sus problemas. En esta segunda fase, que ahora se inicia, la preocupación sigue siendo la misma y, desgraciadamente, el balance también lo será.