En el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha habido interés por conceder el indulto a José Antonio Griñán y al resto de los condenados a penas de prisión por el caso de los ERE. Por cercanía y amistad, la única que podría empatizar con los encarcelados es María Jesús Montero, pero el indulto a ex dirigentes socialistas de tanto rango sería una operación de un coste político tan alto que sólo podría llegar a encontrar alguna justificación si se diesen razones humanitarias, como el padecimiento de enfermedades muy graves. Y en esos casos, bastaría con que la jurisdicción de prisiones aceptase suspender el encarcelamiento, como así ha sucedido con José Antonio Griñán y José Antonio Viera. No, sin embargo, con Agustín Barberá, que padece un cáncer desde hace diez años y sigue el tratamiento desde prisión, lo que le obliga a constantes desplazamientos y a estancias cortas en el hospital.

A la sombra del rechazo que causa la amnistía, algunos han criticado que el Gobierno de Sánchez también prepare el indulto de Griñán y del resto. Lecturas rápidas con intenciones gruesas. Incluso alguien se ha atrevido a escribir que hay malestar en el socialismo europeo por tales indultos, lo que resuta una total majadería porque ni se han producido ni se van a producir ni ningún socialista de la Unión anda preocupado por este asunto local. Sí fue objeto de polémica que se modificasen las penas de malversación durante la pasada legislatura para beneficiar a algunos encausados por el procès, pero a ninguno de los condenados de los ERE se le aplicó una reforma que no estaba pensada para ellos.

Toda petición de indulto debe ser tratada por una división del Ministerio de Justicia, que es la encargada de reunir la información sobre el proceso, de preguntar a los tribunales y a la fiscalía responsables de las condenas y, en última instancia y si se diese el caso, pronunciarse a favor de la medida de gracia para que, posteriormente, sea aprobada en el Consejo de Ministros. Lo que ha ocurrido esta semana con el expediente de José Antonio Griñán y de los otro ocho condenados es sólo eso, desde el Ministerio de Justicia se ha enviado la información a la Audiencia de Sevilla para que se pronuncie.

Griñán presentó su solicitud de indulto hace 13 meses, y sus compañeros que fueron encarcelados están a punto de cumplir un año de prisión. La única vía por la que podrían ver aliviadas sus condenas sería por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y éste, de momento, lo que ha decidido es mantener la prisión mientras estudia el recurso presentado.