EL inicio del curso político ha traído decisiones drásticas sobre asuntos que han envenenado el verano a Rajoy, independientemente del veneno que debe beber a diario de la copa que le sirven Merkel, Draghi, Schaubel, Lagarde y otras autoridades europeas y monetarias.

El ministro Jorge Fernández inició sus vacaciones sacando pecho a costa de las nuevas detenciones de ETA y del esclarecimiento del secuestro de Publio Cordón, éxitos que no le cuestiona nadie. Pero el mes de agosto ha sido implacable: un juez presentó una demanda por supuesta revelación de secretos del sumario en el caso Cordón, lo que ha desestimado el juez; la decisión de conceder el tercer grado al secuestrador de Ortega Lara ha provocado un cisma sin precedentes en el PP y, lo que es más grave desde el punto de vista de la opinión pública, tres informes forenses demuestran que se equivocó la forense policial que afirmó que los restos hallados en la finca de Las Quemadillas pertenecían a animales, no eran restos humanos, lo que echaba por tierra la convicción policial de que José Bretón había asesinado a sus hijos en la finca de sus padres, quemando después sus cadáveres.

El error, monumental error, aparte de prolongar durante once meses la agonía de una madre destrozada, ha provocado que durante todo este tiempo la Policía ha trabajado incansablemente tratando de resolver un crimen que habrían resuelto en cuestión de horas si el informe de la forense no hubiera desmentido sus tesis de que se trataba de los restos de las criaturas.

Nadie movió un dedo para depurar responsabilidades a la vuelta del verano pero, de golpe, es el ministro de Justicia quien comparece ante los medios para dar su opinión sobre el recurso de la Fiscalía a la decisión de Interior, y además se procede a la destitución de la forense policial. Alberto Ruiz- Gallardón salva a Interior y arremete contra el juez Castro, pero es fácil leer entre líneas, entre otras razones porque es él quien sale a la palestra y no el ministro Fernández, inusitadamente callado. Además de que es evidente que la iniciativa de la Fiscalía responde a una decisión del Gobierno, o al menos avalada por el Gobierno. En cuando a la forense, hay una distancia abismal entre lo que dijo el ministro de Interior hace sólo una semana, cuando trató de salvar su profesionalidad, y la destitución fulminante, previa a conocer el resultado de la investigación interna que se está realizando para averiguar por qué se produjo tan grave error.

Con esas cartas sobre la mesa es fácil adivinar que alguien ha decidido que no se puede permanecer de brazos cruzados ante el destrozo que han causado los casos Bolinaga y Bretón y la poca finura con la que se ha explicado el ministro de Interior. Alguien, en el Gobierno o en el PP, ha dado finalmente un paso adelante. Ya era hora.