El conflicto del taxi se les ha escapado de las manos a los responsables de controlarlo. Hasta ahora se movía en el espacio de las prácticas mafiosas al más puro estilo siciliano. Pero a la vista de que aun así podían manejarse con la más absoluta impunidad se ha dado el salto al terrorismo incendiario. Tras el sabotaje del pasado martes que destruyó nueve vehículos de la empresa Cabify el asunto tiene que estar en primer lugar en la lista de tareas de urgente solución tanto del Ayuntamiento como de las autoridades gubernativas, empezando por la Jefatura Superior de Policía. Sorprende que en este caso la imagen de eficacia que en otros aspectos ha logrado transmitir el gobierno municipal de Espadas y especialmente su delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, naufrague de forma tan lamentable. ¿Qué más tiene que pasar para que se ponga pie en pared? Otro tanto cabe decir de la actuación policial: ha habido amenazas, pintadas, intentos de chantaje, incluso se ha tapizado la ciudad con pasquines con la foto de un profesional de este periódico que se ha distinguido por sus informaciones exclusivas sobre la cuestión. Son motivos más que suficientes, por no hablar de los cada vez más frecuentes abusos a turistas, para esperar una contundente actuación gubernativa que no ha llegado.

De lo que se trata, en definitiva, es de arreglar un problema que se eterniza y que perjudica seriamente la imagen de la ciudad en un momento en el que ésta es un activo sensible que hay que cuidar al máximo. El problema se puede resumir en no muchas palabras: un grupo de taxistas maneja a su antojo los servicios que salen del aeropuerto y de la estación de Santa Justa y no dejan que otros, especialmente las empresas de alquiler con conductor, actúen en lo que consideran su territorio. Lo hacen utilizando los métodos que les vienen en gana. Incluso intentan impedir mediante amenazas y pinchazos que funcione el autobús de Tussam que conecta la ciudad con San Pablo, la única forma de llegar o salir si no se quieren abonar las elevadísimas tarifas del taxi o dejar el coche propio en uno de los aparcamientos de pago.

Nadie discute el derecho de los taxistas a ganarse la vida con su trabajo, a que su actividad esté protegida por una normativa clara y a que la competencia esté debidamente regulada. Pero nada de eso pasa en Sevilla. La dejación de las autoridades, sobre todo la municipal, es lo que ha hecho que el problema haya adquirido una gravedad que no es tolerable. El incendio de nueve coches del alquiler con conductor en la Feria que acaba de terminar es un episodio especialmente grave. Pero si no se empiezan a tomar medidas de forma urgente puede no ser ni el último ni el peor. La respuesta del Ayuntamiento, como suele ocurrir siempre en este tema, ha sido cauta y en voz baja. Una condena de manual por el uso de la violencia y el anuncio de una reunión sin fecha para intentar poner de acuerdo a todos los sectores implicados.

Parece que hubiera miedo de ser tan contundente como la situación requiere. Gobernar es tomar decisiones y enfrentarse por el bien común a quien se salte las leyes y utilice métodos como los que se están viendo en el taxi sevillano desde hace ya demasiado tiempo. La pasividad ha dado lugar a que los que han radicalizado a una parte de los taxistas de Sevilla -debe quedar claro que no es todo el sector ni mucho menos- hayan podido actuar sin que nadie se les pusiera enfrente. Hoy se están viviendo las consecuencias.

Las cosas están llegando a un punto que ya no admiten más paños calientes. El Ayuntamiento y la Policía en la parte que le toca tienen que actuar para poner fin a la selva en la que se ha convertido el taxi. Va en ello el prestigio de la ciudad y también, no se olvide, su seguridad.