LA Lomce pretende hacer un lavado de cara, un ligero aggiornamiento del sistema para que adquiera un cierto aspecto europeo. Sin embargo, me parece que los aspectos fundamentales no los toca. Esos elementos que claramente diferencian a nuestro sistema de los europeos quedan incólumes. Algo amparados en palabrería, pero igual que antes.

La ley es de "Mejora de la Calidad", pero nada dice de los cambios que se han de producir en las prácticas de los profesores. Y si se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, ¿qué va a cambiar? No se toca -se deja para otro momento- la selección inicial de los docentes. Pues estamos en el sistema más absurdo e improductivo. Producimos seis o siete veces más titulados de los que se van a necesitar, por lo que el dinero necesario para formar a conciencia a los futuros docentes se gasta en aquellos otros que jamás pisarán una escuela. ¿Es esto sensato?

Nada se incluye de la obligatoriedad de la formación en ejercicio. ¿Es que se va a dejar a la voluntad de los docentes el que estén o no al día, que conozcan las nuevas técnicas, los nuevos métodos? ¿Se va a dejar a su libre albedrío que integren en su práctica profesional las nuevas tecnologías? ¿Sería esto pensable en otras profesiones? No he encontrado en la Lomce nada que haga referencia a tal obligación. ¡Singular mejora de la calidad en la que los agentes de la misma pueden seguir enseñando como hace cincuenta o sesenta años!

En el caso de la dirección de los centros, se continúa más o menos en lo mismo. La única novedad es la mayor concreción del perfil de las personas que forman la comisión que seleccionará a los futuros directivos de entre los aspirantes. Todo lo demás ya se ha intentado con anterioridad de una manera u otra y sin resultados. Por cierto, el tipo de dirección de los países con los que continuamente nos comparamos (p.e., Finlandia), no tiene nada que ver con el nuestro. El de allí es totalmente profesional, nombrado por las autoridades y tienen muchas responsabilidades. Entre otras, las de seleccionar a los profesores de su centro, promocionarlos, sancionarlos y, si es preciso, despedirlos. ¿Este tipo de dirección incidiría en la mejora de la educación? Siempre se ha obviado este debate.

Se deja para una norma posterior la fijación de la carrera docente, que, a priori, es la definición de los escalones de progreso que podrá ir recorriendo un profesor en función de su experiencia y buen hacer. ¿No se ha podido poner nada sobre ello en la Lomce? ¿Se cambiará este aspecto de manera significativa? No sé qué mejoras en la calidad se van a producir si la docencia sigue siendo una profesión de barra libre, en la que el que trabaja y se entrega a fondo tiene el mismo pago que quien se escaquea. Esta situación es fuente continua de desmotivación de los mejores. Afortunadamente, las tareas educativas despiertan compromiso y entrega por encima de las puras obligaciones contractuales, y por ello contamos con personas muy motivadas y con un nivel de servicio muy superior al que se exige en condiciones normales. Gracias a ellos, el sistema tiene un cierto grado de estabilidad y eficacia.

Respecto a la autonomía de los centros y la rendición de cuentas, habrá que esperar a ver en qué queda. Sí me llama la atención lo que dicen los expertos respecto a los rendimientos superiores de los centros que la tienen: países escandinavos, Holanda, etcétera. Entiendo que de colegios que han tenido sucesivamente un régimen centralizado y otro autónomo, o viceversa, puedan compararse sus resultados y ver bajo qué sistema organizativo han funcionado mejor. ¿Cómo saben que ese éxito se debe en buena parte a su nivel de autonomía… si esos centros siempre han sido así? En cualquier caso, conviene precisar qué se quiere decir cuando se habla de autonomía. Desde luego, el régimen de organización, selección y comprobación de rendimientos, así como la responsabilidad contraída por el ejercicio profesional, no serían aquí muy bien vistos.

Y una última cosa. Es positivo que la Lomce haga una apuesta fuerte por garantizar el castellano como idioma vehicular en Cataluña (o en las otras comunidades con lengua oficial distinta), en caso de que así sea demandado por los padres. Me parece muy bien. Allí, más allá del Ebro, somos el único país del mundo en el que se impide que algo más de la mitad de la población de un territorio se inicie y curse asignaturas en su idioma materno. Es otra singularidad ibérica. El por qué en Cataluña los centros escolares no puedan ser bilingües, como lo es la población, demuestra que en el tratamiento escolar ellos son ya un país independiente. ¡Y sin referéndum, porque nadie les ha preguntado en qué idioma quieren que sean educados sus hijos! Pero dejando esto al margen, ¿qué se apuestan a que este será un principio sacrificado si con ello se calman convulsiones y se serena el estrépito separatista?