Se ha consumado la aprobación de la renta mínima vital. Se trata de una ayuda con carácter “habitual y permanente” para que, supuestamente, las familias españolas más vulnerables puedan recuperarse de los estragos económicos que ha provocado la crisis del coronavirus. Pretenden que la ayuda llegue en un primer momento a unos 100.000 hogares de los 850.000 a los que se quiere llegar.

Hablamos de una prestación de la Seguridad Social de carácter familiar, que, encima, será compatible con el cobro de otro tipo de rentas otorgadas por las autonomías, y se distribuirá en 12 pagas, con una cuantía que puede ir desde los 461 euros hasta los 1.100 euros.

Sánchez aprovecha para incluir a las mujeres que supuestamente hayan sido “víctimas de violencia machista”, que ahora mismo adquieren esa condición con sólo inscribirse en un Registro, cuando, para mí, una mujer debería adquirir la condición de maltratada cuando una sentencia judicial haya condenado a su supuesto agresor. Me empiezo a hacer una idea de qué va esto, mayoritariamente, irá al bolsillo de inmigrantes y a consolidar el pesebre electoral feminista, y, por supuesto, fomentará la economía sumergida para no perder la “paguita”.

Las familias españolas normales que han caído en desgracia, perdiendo sus ingresos, tendrán que conformarse con las ayudas sociales de entidades como Cruz Roja o Cáritas, al no cumplir alguno de los requisitos establecidos por el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Al final es lo de siempre, los recursos serán mayoritariamente para los que ni pagan ni pagaron nunca impuestos; para los curritos españoles que se han hartado de pagar impuestos y que viven tiempos malos, a esos ni agua, aunque seguro que muchos españoles del entorno de PSOE y Podemos lo cobrarán a modo de coartada.