Una de las características que definen la esencia de la Unión Europea es su afán por reglamentar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Estos días saca pecho por haber sido pionera en poner en marcha una normativa para controlar los efectos de la Inteligencia Artificial (IA). Aunque lo legislado en el Parlamento Europeo no va a entrar en vigor hasta 2026, un plazo que se antoja demasiado largo a la vista de la velocidad a la que evoluciona, se trata de un esfuerzo serio para prevenir efectos indeseados de una herramienta con una enorme potencia disruptiva. Como todos los cambios tecnológicos, la IA no es, por su propia naturaleza, ni buena ni mala. Depende del uso que le demos los humanos, que somos los fabricantes, y los controles que se le pongan para que no pueda ser usada con fines perversos. Su ayuda en la medicina o en todos los campos de investigación científica apenas la estamos empezando a intuir. Pero presenta muchos riesgos. La UE ha establecido varias categorías y pone límites que, de hecho, van a contar con respaldo social porque lo que hacen es compatibilizar la nueva herramienta con las más elementales reglas de convivencia democrática. Así, prohíbe ciertas aplicaciones de IA, como la categorización biométrica basada en características sensibles –creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual–, el reconocimiento de emociones en los lugares de trabajo, la puntuación social y la IA que manipula el comportamiento humano o explota vulnerabilidades. También establece permisos y salvaguardas específicos para que las fuerzas del orden utilicen sistemas de identificación biométrica, sujetos a condiciones estrictas y autorización judicial. Se trata en definitiva de proteger derechos que la tecnología puede contribuir a conculcar. Es una reglamentación que explora nuevos caminos y que tiene una clara voluntad de poner reglas en un campo con demasiadas incógnitas abiertas.