El Parlamento andaluz aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023. Más de 45.600 millones de euros, unas cuentas expansivas para afrontar la crisis con un incremento de casi el 13% respecto a los números vigentes de 2021. El Ejecutivo autónomo ensalza sus cifras: las ha conseguido cuadrar "con menos impuestos" pese a que afronta el mayor "gasto social de la historia". Una fórmula ideal, protege a los más desfavorecidos sin penalizar el bolsillo de los contribuyentes. El presidente Juanma Moreno se desmarca de esta manera de Pedro Sánchez, que también presume del mismo fin pero defiende la necesidad de aumentar los ingresos estatales en casi 4.000 millones de euros por la vía impositiva. La Junta contempla que su modelo le permitirá incrementar la recaudación en un 25%. Sólo el futuro permitirá dictaminar cuál es la apuesta acertada o si ambas, incluso, pueden ser compatibles. Pero para ser correctos en el análisis, no se puede olvidar que la comunidad autónoma espera recibir el próximo año casi 5.000 millones de fondos europeos en sus distintas variantes, más de un 11% del volumen total de su presupuesto. Más allá de diatribas políticas, las cuentas andaluzas revelan el escaso margen de maniobra con el que se maneja la propia Administración autonómica. Más de un 60% de los gastos se hallan comprometidos para financiar partidas básicas como la sanidad, la educación o las ayudas sociales. No hay ni un solo partido en el arco parlamentario andaluz que discuta que ésa es la única apuesta posible. Si acaso se podrá discrepar si resulta o no suficiente la cuantía que se destina a este esfuerzo. Lo que reduce la crítica a exigir una gestión eficaz de los servicios que presta. Sí que hay un capítulo en el que se debe ir más allá. Es costumbre de los gobiernos buscar fáciles titulares con las inversiones. Casi 5.000 millones prevé la Junta, un 83% más que en 2021. Dentro de un año se verá si disponía de capacidad para ejecutarlos.