El sector agrario andaluz vuelve a dar señales de un profundo malestar. Razones no le faltan. Cuestiones como el bajo precio en el que venden sus productos, los cada vez más elevados costes de producción, la nueva normativa laboral (que obliga a hacer fijos discontinuos a la mayor parte de los jornaleros), la competencia desleal de terceros países, la reforma de la PAC (por la que se perderán hasta 450 millones de euros en los próximos cinco años) y la sequía forman un cóctel explosivo que ha puesto al campo andaluz y español en pie de guerra. Por lo pronto, las principales asociaciones agrarias ya han anunciado un paro general para el próximo 25 de febrero, cuyo gran acto central será una tractorada con la que tomarán Sevilla. Asaja, COAG y las cooperativas están detrás de las movilizaciones, de las que sólo se desmarca la UPA, organización muy cercana al PSOE. No será la primera vez que el campo andaluz se movilice en estos últimos años. Poco antes de la pandemia asistimos en toda España a una importante movilización que sorprendió al propio Gobierno y que sólo una serie de concesiones y el confinamiento consiguió acallar. Sin embargo, es evidente que el malestar persiste y que esta vez no será tan fácil obviar la voz del campo. Es hora de que los políticos se tomen en serio las demandas de mundo rural, que cada vez da más señales de alarma. Si algo ha demostrado la pandemia y la interrupción de los mercados globales fue lo importante que es para España tener un sector agropecuario fuerte capaz de proveer al país de los alimentos necesarios. En la mentalidad industrial y comercial de la contemporaneidad es fácil caer en la tentación de minusvalorar el sector primario, pero como se suele decir vulgarmente: "Los tornillos no se comen". Tanto el Gobierno central como el andaluz deben escuchar la voz del campo.