Tribuna

juan carlos rodríguez ibarra

Ex presidente de la Junta de Extremadura

El aplauso de las ocho

El aplauso de las ocho El aplauso de las ocho

El aplauso de las ocho / rosell

Vivimos en un Estado descentralizado. Así lo define nuestra Constitución. Así se decidió al ingresar como nación, el 1 de enero de 1986, en la entonces Comunidad Económica Europea. Dos circunstancias que exigen de la concertación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas ante las exigencias de los retos y desafíos del mundo globalizado. Hoy, como desde 1979, nada se puede hacer de importancia en España si no confluyen las dos legitimidades: las CCAA necesitan del concurso del Gobierno central y este Gobierno necesita de la cooperación de los gobiernos autonómicos.

Esa misma concertación de ámbito estatal resulta exigible y necesaria cuando la empresa a acometer es común y afecta en mayor o menor medida, antes o después, a los estados miembros de la Unión Europea. Si la UE se esconde cuando más se la necesita, no sólo se estará traicionando a sí misma, sino que estará defraudando el mejor invento que hayamos hecho los europeos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Como tal invento, la UE se encuentra sometida a la prueba y al error. En la crisis de 2008, la Europa Común pasó por la fase del error. Es absolutamente necesario que en esta crisis los europeos, de manera concertada, sometamos nuestro invento a la fase de la prueba. Probar debe ser la consigna, porque nos enfrentamos a una situación que ningún europeo vivo había conocido con anterioridad. En un mundo globalizado, y con un enemigo del que apenas nada sabemos, la fase de prueba exige arriesgar. Sólo quien arriesga gana y sólo los temerosos se quedarán para convertirse mañana en los profetas del ayer.

Y, por último, la lucha contra la pandemia exige una coordinación y concertación de y entre todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y científicas como la forma con más posibilidades de acertar para vencer al coronavirus sin atentar o mutilar los principios que animan a nuestra Constitución y los que garantizan la Declaración de los Derechos Humanos.

Mal que bien, la coordinación entre Gobierno central y CCAA está funcionando a pesar de la falta de costumbre y del poco recorrido que ha tenido la concertación necesaria en un Estado compuesto y descentralizado como el nuestro. España ha funcionado relativamente bien desde 1978 hasta hoy, aunque ha faltado engrasar más la cooperación autonómica. Es posible que el coronavirus esté ayudando a que Gobierno estatal y CCAA aprendan el camino del entendimiento y de la lealtad mutua.

La concertación europea está siendo puesta a prueba como nunca antes desde su constitución. Como ya se ha dicho, el virus que tiene recluida a toda la humanidad no distingue entre ricos y no ricos, entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. No sería comprensible que ante este estado de cosas los ciudadanos europeos nos sintiéramos huérfanos y obligados a buscarnos la vida desde nuestros pequeños rincones nacionales.

La coordinación y el entendimiento entre las distintas opciones políticas es una eventualidad transformada en necesidad por la mayoría de los ciudadanos españoles. Son tan duros los padecimientos del coronavirus y tan difíciles las medidas dictadas y por dictar que resultan desbordantes para un gobierno, y mucho más si ese gobierno adolece de una debilidad parlamentaria, soportable en tiempos de normalidad pero inasumible en situaciones de crisis extremas como la que padecemos. Casi todos parecen dispuestos a proclamarlo, pero nadie a dar el primer paso para llevar adelante la iniciativa. Los presidentes de las comunidades autónomas han reclamado su silla si ese acuerdo llega a formularse. Esos presidentes deberían predicar con el ejemplo, es decir, apostar y ejecutar en sus respectivos territorios concertaciones con los sectores parlamentarios, sociales y económicos, para que cuando se requirieran sus aportaciones para el acuerdo estatal puedan llevar la voz de sus regiones en el más amplio sentido del término.

Ningún presidente democrático del Gobierno de España, anterior al actual, ha tenido que hacer frente a una situación tan penosa y comprometida como la que estamos viviendo, pero sí atesoran la suficiente experiencia por haber pasado por otras crisis que debe ser aprovechada por el gobierno actual. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pueden y deben ser llamados para que se constituyan en una especie de consejo asesor del presidente del Gobierno que garantice el riesgo y limite la temeridad.

Entiendo que la cooperación, hoy, es un arma indispensable para tratar de poner fin a una crisis que está amenazando nuestro modelo de sociedad y una forma de desmentir a quienes dan todo por perdido y desestabilizado. Además, serviría de excusa para que el aplauso diario de las ocho fuera también dedicado a los políticos que fueron capaces de estar a la altura de lo esperado.

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