La enseñanza concertada es una de esas realidades controvertidas de las que mucho se habla, pero que poco se conoce. En España el sistema educativo dispone de tres redes, la enseñanza pública, la enseñanza privada (que pagan los usuarios) y la concertada, que es privada, pero pagada por la administración pública. Esta fórmula se estableció en 1985 mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), con el propósito de regular el sistema de subvención a la escuela privada que existía desde tiempos de la dictadura franquista. Contra lo que suele decirse, la existencia del sistema de conciertos no viene obligada por la Constitución. En España, y en la mayoría de los pocos países en los que la escuela concertada tiene una presencia significativa, se explica por el papel que tuvieron las instituciones religiosas en la configuración de sus sistemas educativos a lo largo del siglo XIX. El artículo 27, que es el que se ocupa de la educación, no establece en ninguno de sus diez apartados que la administración pública deba subvencionar a la enseñanza privada. Más aún, en los fundamentos jurídicos de una sentencia (86/1985) el Tribunal Constitucional dictaminó que “el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. Es decir, usted puede elegir entre tomar el autobús o un taxi, pero, en este caso, la administración no está obligada a pagar al usuario la diferencia de precio.

La subvención a la enseñanza privada no es exclusiva de nuestro país, existe en muchos otros; sin embargo, lo singular es que España es de los que tiene un porcentaje más alto de alumnado escolarizado en este tipo de centros. Efectivamente, en su conjunto, en Primaria y Secundaria, se trata aproximadamente del 30%; en Andalucía en torno al 21%. En la UE este porcentaje sólo es superado por Países Bajos, Irlanda y Bélgica; en todos los demás está muy por debajo del 15%, y en algunos como Finlandia, Alemania, Grecia o Italia, apenas alcanza el 4%. Fuera de la UE son muy pocos los países en los que la enseñanza privada subvencionada alcanza un porcentaje significativo, en algunos, como Estados Unidos, Suiza, Nueva Zelanda o Grecia, prácticamente no existe.

El perfil de los centros concertados y del alumnado que ellos cursan sus estudios, es muy característico. En Andalucía, algo más del 80% están gestionados por congregaciones o entidades religiosas. Generalmente se ubican en los grandes núcleos urbanos, concretamente en torno al 83% de los centros frente al 17% que se localiza en el medio rural. Dentro de las ciudades, estos centros suelen localizarse en las zonas o barrios con mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, según un estudio del Observatorio de la Educación, en la ciudad de Sevilla el 66% del alumnado que está matriculado en estos centros se concentra en los cuatro barrios más ricos, mientras que en los cuatro más pobres apenas alcanza el 11%. Basándose en los datos de Pisa, un informe de la Fundación Bofill concluye que los centros públicos escolarizan 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico que los concertados, y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante. En Andalucía, el 92% del alumnado de origen africano está matriculado en centros públicos, mientras que sólo el 7% lo está en centros privados subvencionados. En el caso de Almería, que es la provincia andaluza con mayor porcentaje de alumnado extranjero, esa proporción es de algo más del 95% y del 4% respectivamente.

Ciertamente la existencia de centros privados subvencionados no es la única causa de segregación escolar por razón de su estatus, es decir, de separación del alumnado según su perfil socioeconómico, pero muchos estudios –incluidos los elaborados por la OCDE– confirman que en los países o territorios con mayor presencia de este tipo de centros se dan mayores niveles de segregación.

Esta es la realidad de la enseñanza concertada, una fórmula que es objeto de crítica, entre otras razones, porque se considera que la subvención a los centros privados detrae recursos de la red pública –en la que está escolarizada la mayoría del alumnado y los más vulnerables socialmente–, contribuyendo, por tanto a su deterioro. Por lo demás, los centros privados no subvencionados han manifestado reiteradamente sus quejas por lo que consideran una competencia desleal.