Capacitadas y en el tajo

"Han pasado nueve años y no estábamos tan desencaminadas", comenta María del Mar Martínez a la vista de las consecuencias de la crisis económica y de la necesidad de emprender un cambio de modelo que tenga en cuenta las necesidades de las personas, al margen de pelotazos y burbujas especulativas. Ni ella ni Cristina Pavón, su socia en la empresa de serigrafía Cailu, se reparten beneficios a final de cada ejercicio, sino que reinvierten lo ganado en ampliar el negocio y en la contratación de personal.

Como centro especial de empleo certificado, al menos el 70% de la plantilla tiene un grado de discapacidad de entre el 33 y el 66%. La mayoría son mujeres que como consecuencia de la violencia de género quedaron de por vida con secuelas, aunque algunas sufrieron con especial virulencia el maltrato de sus familias y ex parejas por el hecho de padecer una sordera o tener limitada su movilidad.

Martínez y Pavón comenzaron en el año 2000 a pergeñar la creación de un proyecto que ofreciera una atención integral a las víctimas de la violencia machista con el fin de "sacarlas del pozo" y darles, con un contrato indefinido, un lugar digno en una sociedad que les había dado la espalda. Enriqueta, Victoria, Carmen y muchas otras han encontrado en Cailu a lo largo de estos años un lugar donde ganan un sueldo acorde al convenio del sector, que les sirve para recuperar la autoestima y desde el que día a día miran de frente a la vida.

"Son mujeres a las que las circunstancias les han privado de coberturas sociales, que poseen poca formación y una escasa vida laboral, lo que las ha excluido de la sociedad", describe Martínez desde su despacho, a unos metros del taller de impresión donde el trac-trac de las máquinas marca el ritmo de trabajo. Su producción abarca bolígrafos, camisetas, bolsas y prácticamente todo aquello sobre lo que se pueda realizar una estampación. "Para la sociedad -sentencia Martínez- eran mujeres invisibles".

El maltratador actúa contra la dignidad de la víctima con insultos y golpes, corta todos sus vínculos con su entorno, con su trabajo, con sus amigos, con su familia, hasta dejarla inerme, desasistida y aislada. "La deja en el fondo de un pozo del que no pueden salir sin ayuda del exterior. Ése es nuestro empeño, prestarles ayuda, darles los medios para que puedan salir adelante", afirma esta empresaria que conoce al detalle las crudas experiencias de quienes trabajan con ella.

Cailu ofrece a sus trabajadores, entre los que también hay hombres discapacitados, un tratamiento psiquiátrico específico que trata cada caso muy de cerca. No es fácil. Tener dos tercios del cuerpo cubiertos por las cicatrices de las quemaduras o una mano casi inmóvil por tratar de frenar un cuchillo que se vino encima supone arrastrar secuelas de por vida, pero eso no convierte a nadie en un inútil o, según la errónea acepción tradicional, en un "minusválido o minusválida".

"Son personas que hacen un trabajo para el que están capacitadas y que ejecutan con buenos resultados. Aquí no hacemos caridad ni caemos en el paternalismo", subraya Martínez, quien una y otra vez remarca que la suya es una empresa que compite en el mercado con otras del sector en igualdad de condiciones, sin favoritismos.

El proyecto de estas dos emprendedoras fraguó en 2002 con la creación de la Fundación Genus, de la que Cailu fue el primer proyecto en ver la luz. Contrataron entonces a cinco mujeres discapacitadas, cifra que hoy casi se ha cuadruplicado, aunque el tándem no para y sigue dándole vueltas a la cabeza para sacar adelante nuevas iniciativas. Entre éstas figura un programa para la concesión de microcréditos a personas sin capacidad para acceder al mercado financiero, un taller de oficios para la formación de jóvenes en el mundo de las artes gráficas, un proyecto de inserción laboral destinado a personas marginadas y la creación de una red de pisos compartidos para dar cobijo a las mujeres maltratadas, muchas de ellas con hijos, que carecen de un techo.

Martínez se lamenta de que sólo el 4% de las empresas andaluzas cumplan la ley respecto a la contratación de personas con discapacidad, puesto que todas aquellas que cuenten con una plantilla superior a 50 trabajadores deben reservar, al menos, el 2% de los puestos a ese colectivo. Tampoco, asegura, se cumplen las alternativas a este precepto que ofrece la legislación, que pasan por la compra de bienes o servicios a empresas calificadas como centros especiales de empleo -caso de Cailu- o por donaciones a fundaciones o asociaciones cuyo objeto social sean los discapacitados.