La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años y medio de prisión al ex alcalde de La Algaba José Luis Vega (IU) por un delito de cohecho, en relación con el intento de cobrar a varios empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia. La sentencia le ha impuesto además siete años y medio de inhabilitación y el pago de una multa de 90.000 euros, aunque le ha absuelto de otro delito de prevaricación en relación con los mismos hechos, según han informado fuentes del caso.

La Audiencia también ha condenado por cohecho al ex concejal Antonio Muñoz Molina a nueve meses de prisión, cuatro años y medio inhabilitación y al pago de una multa de 67.000 euros.

El juicio se celebró la semana pasada en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que rechazó como prueba para el juicio la audición de la grabación que recoge la conversación que mantuvieron los empresarios con el alcalde, dada la escasa calidad de la misma. 

El caso se remonta a los acuerdos de la junta local de gobierno del Ayuntamiento de La Algaba de 8 de abril y 19 de mayo de 2005, por el que se concedieron sendas licencias urbanísticas a la empresa Arcopro para la construcción de viviendas en una promoción denominada Hoyo Barrero. En diciembre de 2007 y mayo de 2008, la promotora solicitó la reforma de los proyectos de obra y posteriormente solicitó licencia de primera ocupación, que fue rechazada por el entonces alcalde, José Luis Vega, quien según la Fiscalía era "claramente consciente de que no se cumplían los requisitos urbanísticos" para conceder la licencia.

El Ministerio Público añade que el 16 de julio de 2008, a pesar de que el regidor conocía que no se reunían todos los requisitos, concedió las licencias de primera ocupación mediante dos decretos y con el informe desfavorable de la oficial mayor del Ayuntamiento. Este cambio de posición "repentino" del acusado a la hora de conceder las licencias, según la Fiscalía, "vino motivado porque había solicitado, de forma indebida y con ánimo de lucro propio, días antes a la empresa Arcopro una cantidad de 60.000 euros, rebajada posteriormente a 30.000 euros, para concederlas". 

El Ministerio Público señala que los representantes y socios de Arcopro se negaron a entregar el dinero y ante la sospecha que el alcalde tenía de "haber sido grabado en alguna conversación, como así fue, y evitar la difusión pública, otorgó las licencias". 

El fiscal había pedido tres años y cuatro meses de cárcel para José Luis Vega, así como el pago de 64.800 euros en multas y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 19 años.  

La Fiscalía también acusaba al ex concejal Antonio Muñoz Molina, al que solicita un año y cuatro meses de prisión, multa de 30.000 euros y cinco años de inhabilitación, como cómplice de un delito de cohecho. El Ministerio Público consideraba que este acusado, que era persona "de confianza" del alcalde, intervino en el intento de cobro de la comisión, por lo que habría supuestamente requerido a Arcopro con la finalidad de "cumplir con las exigencias del alcalde".

José Luis Vega siempre había defendido su inocencia e incluso antes del juicio había asegurado que las acusaciones del PSOE sobre el cohecho eran un "pantomima" y destacó que el tribunal denegó la audición de la cinta que recoge la conversación con los empresarios a los que supuestamente se exigió una comisión de 60.000 euros. 

El alcalde se mostró entonces "satisfecho" por la inminente celebración de la vista oral, donde "tras varios años de sufrir una terrible presión, aguantando todo tipo de insultos y descalificaciones hacia su persona, ha podido comprobar cómo la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo para implicarle ha quedado totalmente invalidada" por el auto de la Audiencia que ha rechazado la grabación.