La juez de Coria del Río ha citado a declarar este martes al economista auditor-censor que ha elaborado un informe sobre las cuentas de la junta de compensación del sector F de Almensilla en la que se cifra el desfalco en 3.758.184,98 euros.

En el dictamen, al que tuvo acceso este periódico, el auditor señala que de la documentación analizada se desprende que "no existe un control interno de tesorería, en primer lugar", que "no hay constancia de que exista dinero en efectivo en una caja física de la entidad", dado que sólo existe una cuenta bancaria de la que el tesorero imputado, "único depositario con acceso a dicha cuenta bancaria, utilizaba los cheques talones bancarios para sacar el efectivo de la entidad financiera". Esta forma, prosigue el economista, podría servir de "control rudimentario" de las cuentas, por la correlación entre un cheque y el pago de una factura, pero en este caso no es así porque los cheque se extienden por "cantidades que no se sabe a qué corresponden, de ahí que no ha visto en la administración un control de dichos cheques, ni en la chequera ni en algún documento que refleje la relación de gastos del total del cheque", por lo que concluye que "no existe dicho control". Ello implica, concluye, que las "salidas de tesorería o mejor dicho la falta de efectivo en tesorería se sabe por diferencia, nunca por individualización de los gastos, de modo que la diferencia de movimientos entre las salidas del banco y los gastos reales, nos dice la diferencia de tesorería que falta".

De esta forma, el auditor precisa que entre 2008 y 2015 la junta de compensación recibió unos ingresos por importe de 6.930.626,13 euros, mientras que los gastos ascendieron a 3.344.584,74 euros. La diferencia entre los ingresos y los gastos sería la cantidad "sin justificar", es decir, el presunto desfalco que se le imputa y que suponen esos 3,7 millones, según el análisis realizado por el economista.