Lo que era para muchos una decisión que el gobierno local del PP en Mairena del Aljarafe había tomado hace tiempo -prescindir de la plantilla, de cara a la privatización de la gasolinera que gestiona en las inmediaciones de Ciudad Expo a través de varias sociedades- siguió tomando forma ayer, cuando se comunicó el expediente de despido colectivo a los nueve empleados contratados a través de Sodeoil. La sociedad que se encarga de su gestión depende a su vez de Sodefesa, ésta cien por cien municipal. Con el despido, se les notificó además que a las 12:00, el encargado, Emilio Conde -hermano del ex alcalde y actual portavoz socialista, Antonio Conde- debía entregar las llaves y la recaudación.

El gobierno local destacó ayer que detrás de la decisión sólo hay causas económicas, de las que culpó a la "mala gestión" y a la propia "intransigencia" de la "representación legal de los trabajadores", sin citarlo expresamente pero en referencia a Emilio Conde, delegado de personal, que en el empeño por salvar el empleo habría perjudicado -dicen- las opciones de viabilidad barajadas con una empresa concreta, interesada en subarrendar el servicio. El afectado negó esta postura y quiso subrayar que son los trabajadores los que le eligieron y que, por otra parte, su hermano no era alcalde -sí edil socialista- cuando accedió al puesto de encargado del establecimiento.

El 30 de abril, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla admitió el preconcurso de acreedores solicitado por Sodeoil, que debe casi 342.000 euros a Repsol, otros 321.000 a Sodefesa y 33.00 a otros proveedores de la tienda de la gasolinera. El PP aduce también razones productivas, con una plantilla que, en virtud de un convenio colectivo de 2007, cobra entre un 35% y un 45% más que la media del sector: 1.700 euros frente a 1.100, de media, afirma. A ello se une la caída de ventas, un 29% menos que en 2007, por la crisis, la competencia mayor o el Metro.

Fuentes del gobierno que preside Ricardo Tarno destacaron que el personal de Sodeoil descartó la opción de viabilidad que se planteó en abril y por la que pasarían a una empresa privada. Entonces, ya se despidió a tres personas. A raíz de la decisión del gobierno local de cerrar una semana en mayo las instalaciones por "falta de combustible", los trabajadores se encerraron en las mismas, lo que, según el PP, terminó por ahuyentar a la empresa. Conde aclaró ayer al respecto que no hubo negociación alguna y que, como representante de los trabajadores, sólo se le planteó pasar a la compañía privada o nada, sin que pudiera negociar directamente con la misma. Pero avanzó que, ahora, la plantilla no tomará ninguna decisión drástica e intentará negociar para reconducir la situación y salvar los empleos.

Tras la comunicación ayer del expediente de despido colectivo, se abre un periodo de quince días para consultas, por si hay alguna opción de evitarlo con una alternativa. Las instalaciones permanecerán cerradas hasta que el gobierno local tome la decisión de qué hacer con ellas. La completa privatización no es fácil, por el complejo modelo con el que se puso en marcha la gasolinera. El Ayuntamiento cedió en 1999 el derecho de uso de la parcela municipal en la que se levanta la gasolinera a Sociedad de Desarrollo, Sodefesa, por 27 años. Ésta lo subarrendó a Repsol, que construyó la estación, cedió su explotación y se comprometió a su vez a pagar un canon a Sodefesa, a cambio de que ésta a su vez le comprara otra parcela que tenía en la zona. Sodefesa creó Sodeoil. El acuerdo vincula pues a Repsol con la gasolinera hasta el año 2024. Hace tan sólo unas semanas, el gobierno local del PP aprobó en el Pleno crear una comisión de investigación al respecto, que se une a la auditoría que Sodefesa encargó sobre las cuentas de Sodeoil.

Por su parte, el concejal socialista Diego Ramos aseguró ayer que el gobierno local no informó a su grupo de los despidos, aunque hay un consejo de administración de Sodefesa convocado para el lunes. El edil lamentó la decisión y recordó que el PSOE intentará, como ha hecho hasta ahora, que se mantenga el mayor número de empleos, algo que es posible si el Ayuntamiento tiene en cuenta otras opciones de empresas que se han interesado por el subarriendo del servicio, además de la oferta por la que apostó directamente el gobierno local del PP. Según el PSOE, esas otras opciones serían menos gravosas para la adaptación de las condiciones laborales del personal.

Ramos recordó que la gasolinera ha dado beneficios durante muchos años y, pese a que ahora esté en pérdidas, se pueden barajar otras medidas para sacarla adelante, como la rebaja del canon de 108.000 euros que paga al Consistorio.