Un teórico ejercicio de normalidad en el funcionamiento de una administración -la respuesta a una petición de consulta de expedientes por un grupo político- podría derivar en otro frente judicial para la Diputación si, como ha anunciado la presidenta del PP, Virginia Pérez, lleva a los tribunales el hecho de que se les emplazara a acudir a dependencias del Grupo Socialista a consultar la documentación que habían pedido sobre las subvenciones excepcionales que se concedieron al Ayuntamiento de Gines, para organizar el evento de 'La Pará' y que están siendo objeto de investigación judicial, así como otras que se hayan dado por esa vía.

Es "insólito", ha aseverado Pérez, quien considera una "excusa peregrina" las razones que se les dan: que la única funcionaria que podía enseñar esos documentos está desplazada al grupo socialista, según ha indicado.

Esta misma mañana se ha "denunciado ese hecho" ante la Secretaría General de la institución y el PP estudia hacerlo en los tribunales. La presidenta del PP ha tenido, además, palabras de reproche para los funcionarios como "fedatarios públicos" que, según ha recordado, deben garantizar la custodia de la documentación además de ser fedatarios de la legalidad en los procesos, justo cuando en esta investigación sobre las ayudas a ´La Pará´ se está confrontando su labor con la de los políticos.

Es "censurable y políticamente incalificable que en una administración pública obren en dependencias de un grupo político documentos que están sujetos a investigación judicial", afirma. También ha recordado lo que dice el Reglamento de Funcionamiento de la institución: que la consulta de cualquier expediente podrá hacerse en el archivo general o en las dependencias en las que se encuentren.

La presidenta ha comparecido en una rueda de prensa telemática junto a la portavoz en la Diputación, María Eugenia Moreno. Según la relatado, pidieron la consulta el 17 de febrero. El presidente pidió entonces informe jurídico, que no se resolvió hasta el 8 de marzo, y han tenido que esperar dos meses a la "anonimización" o borrado de datos de carácter personal de los expedientes, que Virginia Pérez también ha cuestionado cuando se trata de "transparencia". Lo ve como un intento de "manipulación". Los documentos que han visto son, además, copias no originales, de los expedientes de 'La Pará', para lo que se les citó el 14 de mayo, en dependencias del Grupo Socialista.

A la espera de revisar otros expedientes dudosos

Al margen de esta controversia, el PP asegura que ha podido constatar la existencia de otras 13 subvenciones que se han dado acogiéndose al mismo artículo 8 del Reglamento de Subvenciones, teóricamente excepcional y para el que se debe motivar la decisión. Se habrían beneficiado los ayuntamientos de Alcolea del Río, Osuna y El Pedroso. El PP pidió los expedientes de las mismas, si bien todavía se está en el procedo de supresión de datos personales.

Alcolea se habría beneficiado de cinco subvenciones de este tipo. Dos de ellas para las Jornadas de Mercado Medieval para los años 2010 y 2012, de 6.000 y 5.000 euros respectivamente; y otras tres para el Premio de Fondo y Marcha Villa de Alcolea para los años 2010, 2011 y 2012, dos de 6.000 euros y la tercera de 4.000.

A Osuna y según el PP, se habrían otorgado seis subvenciones excepcionales: tres para el Concurso Nacional de Pintura Taurina para los años 2010, 2011 y 2012 por 5.000 euros las dos primeras y 3.800 la tercera; y tres más para el Concurso de Saetas Carmen Torres, dos por 6.000 euros y una más por 4.000 en 2010, 2011 y 2012.

En lo que respecta al Ayuntamiento de El Pedroso hay dos subvenciones por este artículo 8 del reglamento que el PP considera no justificado debidamente que se concedieron para las ediciones de 2020 y 2011 de la Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte.