Continúan las declaraciones judiciales por las subvenciones a la feria de “La Pará” de Gines, en las que figura como investigado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. El jefe de servicio de la Intervención, José Ignacio C.S., aseguró este martes al juez que el interventor de la Diputación Eduardo L.V., con el que trabajó 19 años, nunca lo hizo de forma “laxa” sino que era una persona “seria, escrupulosa y rigurosa”.

El jefe de servicio compareció ante el juez de instrucción 6 de Sevilla, que investiga la concesión entre 2007 y 2011 de “subvenciones extraordinarias” a  “La Pará” de Gines “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”. 

En el caso están investigados al diputado socialista Antonio Pradas, altos cargos de la Diputación y el alcalde de Gines Romualdo Garrido (PSOE) junto con varios concejales.

El jefe de servicio de la Intervención aseguró que las “razones de interés social y económico” estaban presentes en las ayudas, por lo que se autorizó su pago una vez que la resolución llegó a la Intervención y se constató que estaba “motivado expresamente que fuese una subvención directa”.

Fuentes del caso informan a este periódico de que, según el testimonio de este funcionario, la Diputación comprobaba dos aspectos: la motivación de la excepcionalidad y que no hubiese un exceso de financiación, es decir, que no tuviese más subvenciones,  lo que “siempre era atendido por las áreas que otorgaban las ayudas”.

A ello se unía un informe del secretario, que no es preceptivo como el de la Intervención, pero que se incorporaba como “colaboración y otra opinión que veía que las cosas se hacían bien”, según el jefe de servicio.

Las subvenciones -explicó- se concedían y tramitaban en base al plan estratégico de cada área, y en el Área de Presidencia había una línea de subvenciones directas por causas de interés social que no tuvieran convocatoria pública. 

A la pregunta del juez sobre el pago directo de dos facturas a proveedores del Ayuntamiento, el investigado respondió que los contratos menores de escasa cuantía “no son fiscalizables” y la Intervención se limitaba a comprobar que hubiese crédito. Si era acorde con la resolución que la aprobó, se hacía el reconocimiento de la operación.