Un conflicto de precios entre pescadores y empresas bloquea el inicio de la campaña del cangrejo rojo
Isla Mayor
El kilo de la especie se va a pagar este año a 60 céntimos frente al euro que se abonó en 2019
Los empresarios del sector lo justifican por la caída de la demanda y los precios en todo el mundo
Con la huelga no hay capturas, lo que podría derivar en un problema medioambiental y con los arroceros
Un conflicto de precios entre las cinco empresas que se dedican a la transformación del cangrejo rojo en Isla Mayor y los pescadores, que consideran insuficiente lo que se les va a abonar este año por las capturas del animal, está bloqueando el arranque de la campaña en la zona de las marismas del Guadalquivir, que debería haberse iniciado hace unas dos semanas, porque el animal, según las áreas, está ya saliendo.
Aunque desde el lunes y tras una reunión propiciada por el Ayuntamiento de Isla Mayor se está intentando negociar y alcanzar acuerdos entre las distintas empresas y los pescadores con los que trabajan cada una, diversas fuentes advierten que, si se prolonga la huelga, podría tener graves consecuencias, por el peso que esta actividad económica tiene en Isla Mayor, por la mano de obra que genera la pesca, su transformación en la industria y los sectores auxiliares.
También podría tener otras derivadas desde el punto de vista ambiental (el cangrejo rojo es considerada especie invasora y los pescadores actúan como controladores de población que sin capturas se multiplicará) y de las infraestructuras, ya que el animal puede dañar los sistemas de riego de los arroceros.
El origen del conflicto está en el precio que las empresas han propuesto por las capturas: 60 céntimos por kilo frente al euro que se pagó en 2019, un 40% menos, que los pescadores, más de 450 en toda la comarca, no aceptan. No están trabajando, de hecho.
Las empresas del sector lo justifican por la situación económica global, que no tiene nada que ver con la del año pasado, con un "descenso tremendo de pedidos" y de precios de venta, que cifran en un 50%, según Valentín Murillo, presidente de la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua), que agrupa a las cinco empresas de transformación.
Éste insiste en que no se pueden mantener los precios de 2019, porque no tendrían viabilidad, en una situación que para ellos es peor que la de la crisis económica de la pasada década y a pesar de que el 90% de lo que producen se dedica a la exportación.
"Ahora el mercado tiene una oferta mayor que la demanda del producto". Éste, se distribuye principalmente por el canal Horec (hoteles, restaurantes y catering), que han reducido su actividad en todo el mundo y está vinculada a reuniones o eventos festivos, con los que ha ocurrido lo mismo.
Murillo señala que las empresas están dispuestas a revisar sus costes y margen para llegar a un acuerdo que permita mantener la actividad, pero insiste en que es imposible llegar a los precios del año pasado, como han exigido hasta ahora los pescadores. Los representantes de éstos han eludido hacer declaraciones y han trasladado que quieren "ser prudentes para no perjudicar las negociaciones", que según algunas fuentes, se antojan difíciles.
Piquetes
Los pescadores mantienen piquetes ante las empresas y el lunes intentaron impedir que, en una de ellas, descargara un camión con pescado de río procedente de otras zonas del país y, según Murillo, con existencias que las empresas tienen almacenadas fuera de Isla Mayor para comercializar a lo largo de todo el año y envases que finalmente no pudieron descargar. Según diversas fuentes, se vivieron momentos de tensión y tuvo que acudir la Guardia Civil, aunque finalmente no se registraron incidentes.
El presidente de Pebagua insiste en que respetan que alguien no quiera pescar con esos precios, pero cree que no es admisible un "embargo comercial", que no puede prolongarse en el tiempo. "Confío en que en breve podamos encontrar una propuesta válida para ambas partes", con reducción de márgenes por parte de las empresas pero también de las demandas de máximos de los pescadores.
También señala que las empresas no se ponen de acuerdo en el precio, pero que cuando una de ellas lo marca, se suele seguir la misma pauta en el resto para evitar que los pescadores se vayan de una a otra.
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