ÉSTA es la sensación que hoy tienen los interesados en la minería andaluza, los promotores del proyecto adjudicatario, las personas que esperan emplearse en la nueva mina, y las empresas con expectativas de prestarle sus servicios.

Todo comenzó con una decisión muy valiente de la presidenta de la Junta de Andalucía, cuando anunció en 2013 que se convocaría un concurso internacional para un nuevo proyecto minero en Aznalcóllar. Supongo que en esa decisión influyeron varias razones. Entre ellas, el alcance limitado del empleo generado por la diversificación económica; la constatación del valor económico de los recursos de la Faja Pirítica o la imposibilidad de que se repita el accidente de 2008. Habrá pesado también que la factibilidad económica es asunto que sólo compete a los inversores y que la factibilidad ambiental sólo compete a la Administración, no a los opinantes en acción. Si se quiere, se puede añadir una sexta: el valor político de la decisión, pero bienvenidas sean las decisiones de esta naturaleza.

La administración autonómica recibió la delegación del gobierno central para constituir una zona de reserva especial en los terrenos mineros, figura necesaria para la convocatoria del concurso, y atendió a lo prescrito en el Reglamento para el Régimen General de la Minería en cuanto a los previos solicitantes de derechos mineros en la zona. Tras la preclasificación se presentaron dos concursantes. Emerita Resources España es una muy pequeña empresa dedicada a la investigación geológica y cuya matriz cotiza en la bolsa junior canadiense, aunque con muy poca capitalización. Minorbis es la filial para el sector minero creada por la cordobesa Magtel. Ambas encargaron a ingenierías especializadas las diferentes partes del proyecto y a ambas se les aceptó el respaldo presentado para acreditar la solvencia técnica y financiera que, en síntesis, consistían en la experiencia en minas y recursos asimilables con la Faja Pirítica y una facturación superior a tres veces la inversión proyectada. El respaldo de la primera venía dado por el compromiso de Forbes & Manhattan, una boutique de inversión especializada en asesorar a mineras junior y facilitarles su cotización en bolsa, tomando una participación minoritaria en algunos casos y permaneciendo en ellas, en promedio, unos 15 meses. El de la segunda era el compromiso de aportación de recursos y capacidades técnicas por parte de Grupo México, uno de los mayores mineros de cobre del mundo.

La adjudicación la obtuvo Grupo México-Minorbis, dándose lugar a la creación de la nueva sociedad Minera Los Frailes. La dotación de los recursos propios exigidos, nada menos que un tercio de la inversión proyectada, se realizó mediante la transferencia a Sevilla de unos 95 millones de euros.

La sorpresa vino cuando el perdedor, en lugar de aceptar al arbitraje previsto, presentó una denuncia muy grave contra la actuación de los evaluadores y contra la propia Magtel. Es la denuncia que ayer ha sido archivada, después de una prolongada investigación y de haber dado lugar a la imputación de varias personas. El auto que daba inicio a las diligencias, sin faltar al respeto, contenía algún juicio de valor que fue interesadamente convertido en titular de prensa, exactamente como si la causa de la investigación fuera ya su conclusión. La investigación judicial y policial ha sido exhaustiva, y se han atendido todas las peticiones del denunciante, salvo hacia el final del asunto cuando las nuevas peticiones no pretendían más que prolongar la investigación. El denunciante, por cierto, ha ido alabando la energía y la celeridad de la actuación judicial en sus comunicaciones a la bolsa, haciendo ver a sus accionistas que ello ameritaba los hechos denunciados y haciéndoles creer que el juzgado tenía capacidad para invalidar la adjudicación y concedérsela, al no haber más concursantes. Nada más lejos de la realidad.

Fueron llamados a declarar ante la policía diversos funcionarios y entre los posteriormente imputados se incluyó a la directora general. El compromiso político es el cese automático y así sucedió, aunque las autoridades han tenido la elegancia y la confianza de no designar a nadie para el cargo en tanto no finalizase la investigación. Estoy convencido de que a ello contribuyó mucho el inmediato reconocimiento público de su buen hacer por parte de Aminer y de AIQBE.

Se han vivido episodios noticiosos, producto de confusiones interesadas y ya suficientemente explicadas. Entre ellos los relativos al informe sobre el plan de gestión de aguas, la estabilidad del talud que atravesará la bocamina, el número de cuadrículas mineras a investigar, el estado de una planta depuradora de gestión pública, la naturaleza societaria del concursante frente a la del aceptante de los derechos y obligaciones, la forma de acreditación de la solvencia financiera de Grupo México, la inspección ambiental que no había tenido precedente en catorce años, o la asimilación de un concurso minero a un contrato de obra pública; entre otros.

La investigación realizada y el archivo demuestran que no había causa, sino otras intenciones. El proyecto no está perjudicado por el retraso, pero sí lo ha estado el honor de unos funcionarios que han hecho un trabajo profesional excelente y la credibilidad de la gestión minera de la administración autonómica. Por aquí tendrá que empezar la restauración en esta mina.