Ochenta agentes de desarrollo local podrían perder su puesto en 3 meses

"Es una herramienta muy importante, un trabajador que conoce todo el tejido industrial y de emprendedores, a los que perjudicará su desaparición". "Es el referente para empresarios y comerciantes cuando se interesan por subvenciones o ayudas, orientan sobre cualquier trámite". "Han hecho un trabajo magnífico, el índice de satisfacción de empresas y comerciantes es altísimo". Estas valoraciones, que firman los alcaldes de Salteras, Antonio Valverde; El Coronil, Jerónimo Guerrero, y Olivares, Isidoro Ramos, respectivamente, pero que se podrían extender otros municipios, reflejan el arraigo que tienen en los pueblos los denominados Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE), antiguos Agentes de Desarrollo Local, una figura creada en 1982 y que, después de 30 años de trayectoria, podría tener los días contados como consecuencia de los recortes que han afectado, también, a las políticas activas de empleo.

En concreto, y gracias a que el grueso de los ayuntamientos, a pesar de sus malas condiciones económicas, han aportado su parte de financiación para los contratos de 2012 -el 20% de todo lo que cuestan, aunque dependen del SAE, el Servicio Andaluz de Empleo-, la Junta ha anunciado una prórroga sólo de tres meses antes de su desaparición, prevista inicialmente para el 30 de junio. Pero el futuro es incierto dado que desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se insiste en que no puede poner unos fondos que, hasta ahora, han llegado de Madrid para su contratación y que han sufrido un drástico recorte este año que, en lo que respecta a la partida de promoción del desarrollo y la actividad económica territorial, con la que se pagaba a estas personas, pasará de 37,8 millones a 1,1 para toda Andalucía, según explicó en una reciente comparecencia parlamentaria el consejero, Antonio Ávila, quien ha evitado una carta a la ministra Fátima Báñez pidiendo un plan integral de empleo en Andalucía que, entre otras cosas, permita el mantenimiento de estos agentes.

De consumarse ese final, supondría que otros 83 trabajadores, que se ubican físicamente en otros tantos ayuntamientos sevillanos y que en los pueblos se identifican plenamente como personal municipal, perdieran sus empleos y dejaran de realizar una labor muy reconocida y "más importante que otras", como apunta el alcalde de Salteras, por su carácter estratégico, más en estos tiempos de crisis.

En toda la comunidad autónoma son 800 trabajadores los que irían al paro, según los datos que maneja el colectivo, que ha iniciado una campaña de movilizaciones -se han concentrado ante el Parlamento andaluz y se han reunido con todos los grupos políticos con representación en éste- y de reivindicación de su papel. Han contado con el respaldo de sus municipios.

Después de tantos años se ha creado una "necesidad de los servicios" que prestamos, subraya Beatriz Ramos, una de sus representantes en Sevilla, que recuerda que siempre ha sido un personal que ha salido "muy barato" a la Administración, pero "muy rentable" para la misma y que el hecho de estar ubicado físicamente en los consistorios -salvo paréntesis puntuales- ha hecho que el conocimiento de los pueblos y del tejido empresarial sea profundo.

Tienen carácter de personal laboral indefinido de la Junta desde el año 2009 y están implicados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, en el sentido más extenso de la palabra: asesoran sobre créditos, planes de viabilidad a empresas o autónomos, han gestionado la firma de convenios para microcréditos y suelen estar relacionados con todo lo que conlleva formación para el empleo a nivel municipal, como escuelas taller y talleres de oficio.

"Todo lo que lleva la palabra subvención", insiste Beatriz Ramos, que recuerda que este personal suele hacer el seguimiento de esos fondos y los justifica. En muchos casos, han hecho lo propio con el Plan E, el Proteja, el antiguo PER. En los pueblos más pequeños y con poco personal técnico, su papel se multiplica y su desaparición se echará todavía más a faltar.

Doce trabajadores adscritos a Protedur ya han ido al paro

Beatriz Ramos, representante de los 83 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs), asegura que, a pesar de que los ayuntamientos sólo aportan una pequeña parte de lo que cuestan sus contratos, alrededor del 20%, hay al menos tres municipios sevillanos que, por el momento, no han solicitado el programa para el nuevo año en curso. Se trata de Casariche, Burguillos y Carrión de los Céspedes. Había además 12 agentes de desarrollo local adscritos a la Diputación Provincial de Sevilla, a través de Prodetur, que ni siquiera han entrado en la prórroga de tres meses que se ha dado, hasta finales de septiembre, a los contratos y que ya han perdido sus empleos, un extremo que fue confirmado por fuentes de la Diputación Provincial de Sevilla, que se ciñeron a que es la Junta, a través de fondos del Ministerio, la que mantenía estos contratos a los que se ha renunciado por el momento.