La Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la solicitud del Ayuntamiento de Dos Hermanas de ser reconocido como "municipio de gran población", regulada por la que se conoce como Ley de Grandes Ciudades. La petición del Consistorio gobernado por Francisco Toscano (PSOE) fue aprobada por unanimidad en un Pleno municipal el 22 de marzo.

Según consta en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA), recogido por Europa Press, una vez calificada favorablemente y admitida a trámite la solicitud, la Mesa la remitirá junto a toda la documentación a la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales para su examen y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Este reconocimiento está previsto, además para las ciudades que son capitales de provincia, para aquellas otras que superan los 75.000 habitantes -Dos Hermanas tiene casi 129.000 empadronados- y  cuentan con cierto nivel de infraestructuras,  servicios  y recursos económicos junto a otras condiciones sociales e históricas.

Aunque, en principio, esta ley está prevista para facilitar la gestión y la participación vecinal, el principal objetivo que ha movido, ahora, al gobierno local socialista a solicitar el reconocimiento es el legalizar los agentes de tráfico, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le obligó a eliminar, precisamente, porque es una figura que invade competencias de la Policía Local y que sólo está prevista para los municipios que sí están reconocidos como de gran población.

No obstante, el ser oficialmente una gran ciudad obligará al Ayuntamiento a dividir el municipio en distritos, a crear un Consejo Social de la Ciudad y un Defensor del Ciudadano Local en un plazo de seis meses desde que el Parlamento, en Pleno, apruebe el reconocimiento, algo que se da por hecho.

Hasta ahora, el acogerse a la ley de grandes ciudades posibilitaba además que los alcaldes pudieran nombrar a delegados del gobierno municipal que no sean concejales, como ocurre por ejemplo en la ciudad de Sevilla, aunque una reciente sentencia del Tribunal Constitucional acaba de eliminar ese privilegio, al que el gobierno socialista había anunciado que no tenía intención de recurrir por ahora.