Los vecinos de las comarcas de la Marisma y el Bajo Guadalquivir siguen con sus protestas para exigir un mayor control y alternativas a prácticas agrícolas tradicionales como la quema de la paja y el rastrojo del arroz, que cada año, entre septiembre y octubre, generan molestias en estas poblaciones. El humo inunda estos municipios perjudicando especialmente a personas con problemas respiratorios, así como a niños y mayores.

La movilización ha entrado esta semana en una nueva fase pues los vecinos han empezado a recopilar informes médicos para argumentar que la quema origina realmente un problema de salud pública. Ya hay varios vecinos que han aportado informes médicos de los servicios de urgencias que confirman patologías que se agravan con la exposición al humo y a los fuertes olores. Y en las redes sociales están empezando a colgar también fotos de vecinos asistidos con mascarillas de oxígeno en servicios médicos.

Foto colgada en el grupo "Unidos contra la quema de pastos" para denunciar los perjuicios a los vecinos asmáticos.

La semana pasada la plataforma ciudadana creada hace unos meses, "Unidos contra la quema de pastos", y que agrupa ya a más de 2.700 afectados recibió el apoyo de cinco ayuntamientos de las comarcas: La Puebla del Río, Isla Mayor, Los Palacios, Coria del Río y Gelves. Todos juntos han presentado un escrito en la Consejería de Salud y Familias para solicitar una reunión "a la mayor brevedad posible" del consejero en la que se puedan sentar para exponer el problema representantes también de esta plataforma ciudadana. 

La quema es una práctica que se viene realizando desde 1940 en la zona y que está autorizada y regulada por una normativa autonómica que fija las condiciones en las que estos trabajos postcosecha se deben realizar puesto que algunas tablas de arroz se sitúan muy próximas a parajes protegidos, en el entorno de Doñana. Hasta ahora los informes de calidad de aire que alguna vez se han realizado no han hecho saltar las alarmas ni se han aportado otros datos que obligaran a tomar medidas desde el punto de vista de la salud. 

Por ello, los vecinos movilizados ahora insisten en la necesidad de aportar pruebas médicas y reiteran la solicitud de informes de vigilancia para comprobar qué efectos están causando las quemas realmente.

La Federación de Arroceros de Sevilla, que agrupa a mil explotaciones en la zona, ha defendido a este periódico la "necesidad" de estas prácticas agrícolas y, conscientes de que se trata de un problema que afecta a la ciudadanía, están dispuestos a someterse a los controles pertinentes. De hecho, insisten en que pasan muchas auditorías cada campaña y que este cultivo es casi ecológico pues hace años que se realiza bajo la normativa de Producción Integrada, técnica que reduce al mínimo el uso de fertilizantes y fitosanitarios.

Los arroceros explican que las prácticas que utilizan para eliminar el exceso de paja que queda en las parcelas tras la cosecha es el fangueo, que se realiza en todas las tablas y que entierra esa paja en el suelo, y la quema que es necesaria también para evitar casos de fisiopatías, enfermedades y plagas. Un 80% de agricultores realizan la quema de los cordones de pasto, que suponen una superficie del 40% de la parcela. Hay otras alternativas, como empacar la paja, que no resultan rentablese a los arroceros y que, en principio, se descartan.

Petición al presidente de la Junta 

La Fundación Savia ha registrado este miércoles un nuevo escrito en la Junta de Andalucía solicitando una reunión con el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, con la intención de que conozca el problema originado por la quema en estos municipios de la Marisma y el Bajo Guadalquivir y contemple posibles alternativas que ya se están experimentando en otras zonas arroceras, como la Albufera de Valencia. 

El presidente de la citada fundación, el conocido ecologista y ex líder jornalero Paco Casero, reitera una petición que él mismo trasladó a la Junta de Andalucía y al Gobierno central el pasado mes de marzo. Y,e en resumen, propone optimizar la gestión de este cultivo mejorando su rentabilidad, evitando residuos, generando valor añadido y aplicando, en definitiva, los criterios de una estrategia que está muy en boga en Andalucía: la economía circular. Ahora Casero no descarta elevar el tema a Bruselas.