Polémica por el desahucio de una VPO traspasada ilegalmente por dos veces

Una pareja y su hija de apenas diez días, que fueron desahuciados ayer de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en La Rinconada, han sido realojados en otro inmueble protegido propiedad del Ayuntamiento en régimen de alquiler, después de que los intentos de las últimas semanas y ayer mismos por parte de responsables municipales, de la Junta y de colectivos sociales no lograran frenar el lanzamiento, en un caso que refleja, además, las situaciones que se dan muchas veces con la vivienda protegida, más complejas de lo que parece.

Porque se da la circunstancia de que la familia que ha sido echada de un piso del bloque 3 de la Plaza de los Inventores, en San José, no era la primera adjudicataria del piso, en régimen de alquiler. Le estaban pagando la renta a otra persona, que tampoco es la adjucataria. En concreto, su arrendador lo tendría tras haberlo comprado de forma irregular, a la persona que debía residir en él. Según fuentes municipales y de la Junta, fue este adjudicatario inicial el que denunció la ocupación de la vivienda en el juzgado y pidió el desahucio, porque la persona a la que se la vendió no le habría pagado lo acordado. Según las mismas fuentes, en todo este proceso el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla, en el que recayó el caso, no se dirigió al titular del inmueble, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta, para certificar la propiedad, que lo que decía en adjudicatario era verdad o informar. La Junta tuvo conocimiento de lo que ocurría a través del Ayuntamiento y cuando la familia acudió a los Servicios Sociales ya con una sentencia firme de desahucio y la fecha del lanzamiento.

Tras el desalojo, que se intentó frenar incluso con la comisión judicial ya en el Juzgado de Paz aduciendo razones humanitarias, la familia ha sido realojada en otra VPO de alquiler del Ayuntamiento, que recuerda que hace años que tiene una oficina contra los desahucios, que ha logrado paralizar decenas de procesos y que se sigue declarando "contundentemente" contra de estos procedimientos, que intenta combatir con la "intermediación y el asesoramiento". Pero también rechaza el "uso especulativo para beneficio particular de la vivienda pública", como parece haber ocurrido en este caso. El alcalde, Javier Fernández, lamentó ayer la inflexibilidad del juzgado al rechazar el aplazamiento. A través de las redes sociales pidió también a la Justicia "unas dosis de humildad, de sensibilidad" para "ponerse en el lugar de los ciudadanos".

Por su parte, la Junta anunció un procedimiento para recuperar la VPO, dadas las "irregularidades" detectadas por traspasos ilegales y lamentó que el juzgado "no informara en ningún momento a AVRA" y que haya hecho caso omiso a sus requerimientos para evitar que esta familia se viera en la calle.

Sandra y José Antonio residirían en el piso desde 2010, pagando rentas de alquiler a una persona que contaba con el inmueble después de que el adjudicatario se lo cediese a cambio de 25.000 euros de los que sólo habría abonado 21.000 euros. El desalojo se ha producido a pesar de que tienen una hija de diez días. Una VPO no puede traspasarse sin el visto bueno de la Junta, ni venderse cuando es además de alquiler. El adjudicatario reclamó en el juzgado recuperarla omitiendo esas anomalías.