El plan extraordinario de inversiones del Gobierno de España destinará a 23 municipios de la provincia de Sevilla, incluida la capital, algo más de 11,4 millones de euros para la ejecución de 49 proyectos destinados a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, lo que viene a representar un 5% de los 223 millones de euros destinados a ese fin en el conjunto del país. La relación de proyectos ha sido presentada por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Las obras estarán destinadas básicamente a la eliminación de barreras en las calles, edificios e instalaciones públicas, colocación de rampas, elevadores o plataformas para salvar obstáculos y a la instalación de ascensores en ayuntamientos y otras dependencias municipales.

Por citar algunos ejemplos se procederá a rebajar las aceras o a eliminar obstáculos en ayuntamientos, zonas comerciales, cascos antiguos de ciudades, piscinas, bibliotecas y consultorios médicos. La mayor parte de las plataformas elevadoras o ascensores financiados se instalarán en accesos a ayuntamientos, centros escolares, centros sociales, pasos subterráneos, asociaciones de vecinos y residencias de la tercera edad.

En Sevilla, el plan extraordinario está dotado con 327 millones de euros, distribuidos en función del censo de población de cada municipio, por lo que los 11,4 millones para la supresión de barreras representan un 3,5% de esa cifra.

El decreto que regula el fondo prevé que las obras financiadas a su cargo se inicien, como muy tarde, a final del mes de abril o a comienzos de mayo y que se culminen antes del 31 de diciembre. En caso contrario, y salvo que el Gobierno les conceda expresamente una prórroga de seis meses más, los ayuntamientos perderán las ayudas.

Las obras aprobadas contarán con un adelanto del 70% del presupuesto total por parte del MAP una vez adjudicadas por los ayuntamientos. La condición es que los trabajos estén finalizados antes del 31 de diciembre con el fin de que el impacto del plan sobre el empleo sea rápido y efectivo. En el primer trimestre de 2010, los ayuntamientos deberán acreditar la ejecución de los proyectos, tras lo que el Estado procederá a liquidar el 30%restante.