El TSJA remite al Tribunal de Cuentas el transporte que Marinaleda le puso al SAT

Si los políticos no se ponen de acuerdo sobre el momento en el que un cargo público denunciado debe irse o ser forzado a ello, se debe en parte a que no siempre, por graves que parezcan los hechos, se traducen en condenas. En los últimos días han surgido varios ejemplos, de distinta índole. El jueves, trascendió la absolución de una edil del PP de Mairena del Aljarafe por una falta de desconsideración a agentes de la autoridad, tras intentar "mediar" cuando tres municipales iban a multar a un bar en el que se celebraba un concierto, sin tener licencia, y cuyo ruido causó quejas. Ayer, se conocieron otros dos casos, que afectan a cargos públicos de partidos distintos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó las diligencias contra el parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), por el supuesto uso de fondos municipales para llevar en autobuses a afiliados del SAT, denunciado por Manos Limpias. Cree que los hechos no son constitutivos de delitos de malversación y prevaricación administrativa, que se le atribuían. Pero apunta a que puede haber irregularidad o "responsabilidad contable" y ha ordenado remitirlos al Tribunal de Cuentas. Contra el auto cabe recurso.

Las diligencias se abrieron en octubre de 2013. Según la resolución judicial, al menos desde 2009 y hasta principios de 2013 era habitual que el Consistorio fletara autobuses para llevar a vecinos a actos deportivos, culturales y también políticos o reivindicativos, sin que haya objeciones ni informes negativos del secretario interventor sobre ello ni sobre las órdenes de pago. Según el TSJA, en este caso existen razones para considerar que se ha podido producir, al menos en algunas facturas, una "desviación presupuestaria". "Parece evidente que el gasto para concentraciones o movilizaciones políticas o sindicales no puede asignarse a ciertas aplicaciones presupuestarias". Es por eso que tales "desviaciones" pueden generar "acaso" alguna responsabilidad contable, lo que justifica que el tribunal acceda a la petición del fiscal de remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas. Pese a todo, insiste en que no puede apreciarse una "flagrante ilegalidad procedimental"; aunque indirectamente comportara beneficio a las entidades convocantes, en este caso el SAT, se acordaba en beneficio de los vecinos. Ello reconduce la cuestión, aclara, al ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la penal.

También ayer se supo que otro juzgado ha archivado las actuaciones contra el alcalde de La Algaba, el socialista Diego Manuel Agüera Piñero, y un arquitecto técnico de su Consistorio, imputados por un presunto delito de prevaricación relacionado con el desarrolo urbanístico de la zona residencial de El Manjar. Miembros de la junta de compensación promovieron esta denuncia por la orden de paralización que se dictó, después de que mediase un acuerdo de modificación del trazado inicial de la calle Fe, para tratar de compatibilizar el proyecto inicial y el plan parcial con el PGOU aprobado en 2009. La junta de compensación defendía la compatibilidad de ambos. Agüera, que insistió en que se limitó a proponer a la junta de gobierno local lo que le decían los técnicos y una resolución judicial, vinculó este viernes este caso con los intentos de IU (cuyo ex alcalde está en prisión por cohecho) y el PP por "hacer daño a La Algaba" y judicializar su vida municipal.