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Varapalo a la economía de Isla Mayor

  • El Supremo prohíbe la comercialización del cangrejo rojo americano que sustenta la economía local del municipio y genera 20 millones de facturación.

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El municipio sevillano de Isla Mayor se ha quedado sin el cangrejo rojo americano, el sustento de su economía que se pesca en las marismas del arroz, por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe su comercialización, posesión y transporte de estos crustáceos ya sea vivos o muertos. La decisión judicial llegó el pasado 16 de marzo y se produce a raíz de la denuncia de varias organizaciones ecologistas, que han logrado que esta especie invasora de las Marismas del Guadalquivir deje de tener una consideración especial por la que hasta ahora sí se permitía su comercialización.

El varapalo para Isla Mayor es monumental porque la mayoría de su población vive de la pesca o de la industria de transformación de esta especie, pero el municipio ha empezado a batallar políticamente con el apoyo de la Junta de Andalucía, de La Puebla del Río y Los Palacios para que el Gobierno central y las autoridades europeas consideren los beneficios que tiene esta industria para este municipio y para controlar la proliferación de la especie.

El alcalde socialista de Isla Mayor, Juan Molero, admitió ayer a la prensa la absoluta consternación de los vecinos por la sentencia del Supremo que anula las excepciones que permitían la venta del cangrejo rojo americano. El agobio es absoluto porque la pesca y venta de este crustáceo es "el pilar más importante" de la economía del municipio.

Según datos del regidor municipal, el sector del cangrejo rojo genera un volumen de negocio de 20 millones de euros anuales, el 85% se va a la exportación, genera 200.000 jornales de trabajo al año y hay unos 250 pescadores censados que corresponden a las familias que viven directamente de su pesca.

"El cangrejo rojo lleva más de 50 años en el municipio y estamos acostumbrados a vivir con esta especie. Su regulación y mantenimiento bajo control, de hecho, viene gracias a la pesca, porque sin la pesca sí sería una especie invasora y bastante perjudicial", recalcó Molero.

El concejal de Agricultura y Pesca de Isla Mayor, Francisco Delgado, señaló ayer que el 70% de la población activa del municipio se dedica a la pesca o trabaja en una de las cinco empresas de transformación del cangrejo, por lo que la sentencia es un gran golpe para el pueblo, que en la actualidad es el primer productor de Europa y de los primeros a nivel mundial de este cangrejo.

El concejal explicó que la mano de obra sobrante debido a la tecnificación del cultivo del arroz, que son los agricultores y sus hijos, se va a la pesca del cangrejo cuando las parcelas del arroz se inundan desde mayo.

Desde La Puebla del Río, su concejal de Turismo y Medio Ambiente, Rogelio de la Carrera, señala que en la temporada del cangrejo que ahora comienza el problema del elevado paro que sufre Isla Mayor se resuelve con los miles de vecinos que trabajan en tres turnos en las cinco empresas dedicadas a esta industria.

En La Puebla, en cambio, la economía se basa en el arroz y muy pocas familias se dedican a la pesca del cangrejo, aunque sí hay algunas más que trabajan en la industria del cangrejo.

Los municipios del Bajo Guadalquivir no entienden que se prohíba ahora la venta de este cangrejo que lleva décadas en la Marisma desde que se introdujo artificialmente entre 1973 y 1974. Siempre se ha considerado una especie invasora y estaba dentro del catálogo pero con la excepción que permitía su comercialización. Lo novedoso de la sentencia es que impone su prohibición de comercio, posesión, transporte o tráfico vivos o muertos, sin excepción alguna.

Varios vecinos de Isla Mayor consultados ayer reiteran que se mantenga la excepción para este pueblo que vive del cangrejo y señalan que es casi imposible su erradicación, y que si se deja de pescar se generará más daño aún con su proliferación.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que apoya a Isla Mayor en la presión por una solución política, aseguran que los ecologistas no han pensado con su denuncia ante el Supremo en las repercusiones ni en los costes humanos y económicos de prohibir la venta de esta especie invasora. En Sevilla se ve este cangrejo como centro de una industria de la que viven muchas familias y esta especie exótica está muy distribuida por las Marismas cercanas.

Estas fuentes de la Junta aseguran que "no hay dinero en el mundo que pueda acabar con el cangrejo en el Bajo Guadalquivir" y que no es ni mejor ni peor capturarlos, aunque opinan que si no se extraen llegará un momento en que se coman unos a otros y dejen de poner tantos huevos.

Agricultura de la Junta aclara que toda España está invadida de este cangrejo porque, mientras se permita su aprovechamiento, hay quien lo pesca vivo y lo lleva a su arroyo cercano o a la charca de al lado de su casa y así es como el cangrejo ha llegado a todas partes, y a ríos donde no puede llegar solo.

Los ecologistas que demandaron esperan que la Administración lidie con el problema de las especies invasoras, sin que medie aprovechamiento económico. No van contra este cangrejo y su industria en particular sino contra que las especies exóticas e invasoras, como el cangrejo americano, el black bass, la carpa, la trucha arco iris, se "salven" porque tienen un interés económico o un lobby que presionó en su momento para que, aunque incluidas en este catálogo, éste se "modulara" para permitir su aprovechamiento o interés (comercial o lúdico).

Para Juan Cuesta, de Ecologistas en Acción, la solución es la acuicultura controlada de estos cangrejos fuera del medio natural de la Marisma para que no dañe al ecosistema (flora y fauna) de la zona. En Isla Mayor no ven viable que se críen en piscifactoría porque no habría inversión posible para el volumen de producción que supone.

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