El ex alcalde de Villaverde del Río y actual portavoz municipal de la Voz de Villaverde, Santiago Jiménez, ha anunciado que su formación también va a recurrir la sentencia del juzgado de lo mercantil que inhabilita durante 2 o 4 años para gestionar bienes ajenos a los concejales que formaron parte del pleno municipal en los dos mandatos anteriores y, por tanto, del consejo de administración de la Sociedad para el Desarrollo del Parque Industrial Regajo Hondo por la gestión de la misma y el concurso de acreedores. Lo harán por los cuatro miembros de su partido afectados y en memoria de una quinta, que falleció recientemente.

Jiménez defiende que el proceso por el que se ha declarado una quiebra "culpable" ha sido una "farsa" y que "jamás" la empresa estuvo en situación de insolvencia. Cree que el objetivo de pedir el concurso de acreedores fue "privatizar el servicio de ayuda a domicilio", que su equipo asignó a la sociedad municipal una vez que venció el contrato con la anterior empresa que lo llevaba.

El portavoz de La Voz de Villaverde reconoce que se negó a pagar los 73.000 euros que constituían la única deuda de la sociedad con una empresa de obras, procedente de un gobierno anterior socialista y que se eleva a 100.000 con los intereses de demora, pero lo hizo porque el interventor consideraba que la factura no cumplía las condiciones legales para incluirla en el plan de pago a proveedores. Con posteridad el empresario acudió a un juez y le dio la razón.

En cualquier caso, Jiménez señala que la sentencia llegó en 2016, con el actual alcalde, José María Martín (PSOE), ya en el gobierno, y que se podría haber tomado la decisión de pagar en lugar de solicitar el concurso de acreedores. De hecho, considera que no se le debería haber dado curso al proceso de quiebra.

"La sociedad jamás ha sido insolvente. Durante el tiempo que ha estado funcionando lo ha hecho perfectamente", insiste, "nunca se retrasó en el pago de las nóminas de los 40 trabajadores de la ayuda a domicilio".

Jiménez tacha además de "absursa" la sentencia en tanto que absuelve al Ayuntamiento, que no son más que los concejales a los que le inhabilita para gestionar bienes ajenos, pero no para seguir con su actividad política como representantes públicos.

El actual alcalde socialista, José María Martín, también ha anunciado que recurrirán. En la sentencia, del 1 de abril, el juez concluye que se incumplió el deber de presentar antes el concurso de acreedores y que hay otras irregularidades contables, como la inclusión de activos sin soporte documental y el pago de algunas facturas que correspondían al ayuntamiento y no a la empresa.