La Sección Primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha condenado a cuatro años de inhabilitación para administrar bienes ajenos a diez concejales que formaron parte de las dos últimas corporaciones del Ayuntamiento de Villaverde del Río y que, en su mayoría, continúan en el pleno, por el concurso de acreedores de la Sociedad para el Desarrollo del Parque Industrial Regajo Hondo, que el juez ha considerado "culpable", como pedían el administrador concursal, la fiscalía y una empresa acreedora. Entre ellos, se encuentran los ex alcaldes, Evangelina Maestra (PSOE) y Santiago Jiménez (la Voz de Villaverde), todavía edil en la oposición, y el actual regidor, José María Martín (PSOE).

Sólo se rebaja la condena a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos a otra concejal, en este caso miembro del PP, porque renunció y estuvo menos tiempo en ese consejo de administración. 

El juez sí les libra de responder con su patrimonio al déficit que se generó, como pedía el administrador concursal, porque se considera que no ha habido pruebas suficientes que determinen en qué medida su conducta pudo generar o agravar la insolvencia de la entidad.

En el fallo, con fecha del pasado 1 de abril y que les condenada a pagar las costas, se absuelve al propio Ayuntamiento de Villaverde del Río, que el administrador concursal consideraba administrador de hecho de la entidad.

El regidor socialista ha anunciado ya que el equipo de gobierno va a recurrir la sentencia que,  aunque no afecta a sus cargos políticos, considera que es totalmente injusta en su caso, ya que llegaron al gobierno en agosto de 2015 y, en cuanto tuvo conocimiento de la situación de la sociedad, siguió los pasos que le aconsejaron los técnicos, insiste.

En la sentencia, se destacan diversas irregularidades cometidas con esta sociedad que se creó para el desarrollo local pero que terminó gestionando el servicio de ayuda a domicilio de Villaverde.

Entre otras cosas, se incumplió el deber de presentar el concurso voluntario de acreedores, que no se hizo hasta octubre de 2016 cuando en mayo de ese año un juzgado de Lora ya había embargado el saldo de cuentas bancarias por una deuda de casi 100.000 euros entre principal e intereses con una empresa, Construcciones de Obras Averconst S.L.U., acreedor de la entidad.

También se cometieron otras "irregularidades en la contabilidad", como la inclusión de cantidades como "activos" sin soporte documental alguno; la inexactitud en la presentación de documentos relativos a los acreedores, entre los que se metió a una empresa que ya había cobrado su deuda a través del plan de pago a proveedores del Ayuntamiento y se dejó a fuera a esta otra, con la que había una deuda importante.

También se les condena por el pago de facturas por suministros, como luz o teléfonos (22 líneas que al parecer se correspondían con el Ayuntamiento y no con la empresa), sin que se facilitará al administrador concursal la documentación, pese a solicitarla por diversos medios.