Lora del Río

Un caso de abusos sexuales a un menor lleva cinco años enredado en una maraña judicial

  • El padre del niño se enfrenta a penas de entre tres y 15 años de cárcel pero aún no hay fecha para el juicio

  • El caso ha sufrido un cúmulo de irregularidades y la fiscal no incluye el parentesco como agravante

El abogado José Roldán, con la madre del menor y su marido. El abogado José Roldán, con la madre del menor y su marido.

El abogado José Roldán, con la madre del menor y su marido. / Antonio Pizarro

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"Me di cuenta de que el niño tenía un comportamiento extraño desde pequeño". Así empieza el relato de una mujer que lleva cinco años sufriendo un auténtico calvario judicial. Su ex marido sometió, presuntamente, a abusos sexuales al hijo de ambos desde una edad muy temprana, que los especialistas cifran en torno a los tres o cuatro años. Por si esto fuera poco, el caso se ha visto enredado en una maraña judicial que la madre y su actual marido definen de manera certera como "kafkiana". Un lustro en el que apenas se han tenido en cuenta los derechos del menor y sin embargo sí ha habido un cúmulo de irregularidades que hacen que, a día de hoy, el caso siga abierto, con el padre acusado teniendo todavía la patria potestad del menor víctima de los abusos, y sin una fecha señalada para el juicio.

Todo comenzó en junio de 2013. La madre, ya separada de su ex marido, lleva tiempo percibiendo una conducta anormal en el niño cuando vuelve de una estancia con su padre. Se toca continuamente y tiene reacciones anómalas para un niño de tan corta edad. Decide acudir a un psiquiatra, que lo deriva a un psicólogo y es este profesional quien detecta que el menor ha podido ser víctima de unos abusos sexuales por parte de su padre.

La denuncia se presenta en junio de 2013, cuando el niño tiene siete años de edad

La madre presenta una denuncia contra él en el juzgado de guardia de Sevilla y aporta los informes del psicólogo. Es el 13 de junio de 2013. La denuncia se admite a trámite. El niño es explorado por profesionales del Equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abuso Sexual (Eicas), que confirman el primer diagnóstico del psicólogo particular. Los especialistas instan a la madre a que el menor no tenga ningún contacto con el padre y le piden que no hablen del asunto con el niño para no provocarle un daño mayor, primero, y para no contaminar un posible testimonio de cara a la investigación judicial del caso, después.

La mujer así lo hace, aunque se ve obligada a incumplir el régimen de visitas de su ex marido y éste presenta una denuncia contra ella por secuestro parental. Su abogado, José Roldán Guisado, del bufete MR Abogados, visita al juez de Instrucción 4 de Sevilla, por entonces Francisco de Asís Molina, para informarle de la urgencia de la situación y le pide que dicte una orden de alejamiento del padre hacia el menor. El juez se inhibe al entender que no es un asunto de su competencia y envía el caso a los juzgados de Lora del Río, partido judicial donde está situado el municipio en el que ocurrieron los hechos.

Siete meses para una orden de alejamiento

Aquí empieza a enredarse todo. "Ya había empezado con mal pie porque hubo un periodo en que no sabíamos dónde estaba la denuncia", apunta la madre. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lora del Río, en el que recae el caso, tarda siete meses en dictar la orden de alejamiento. No lo hace hasta enero de 2014. "Me denunció una sola vez, pero podría haberlo hecho todas las que hubiera querido. Yo no le entregaba al niño y no había ninguna medida cautelar contra él. Son muchos meses en los que viví intentando que el padre no viera al niño. Imagínese, yendo a la puerta del colegio pendiente de que no apareciera, saliendo de casa lo imprescindible y con el niño preguntando por qué no veía a su padre. Aquello supuso un desconcierto brutal", explica la madre.

En marzo de 2014 se celebra el juicio contra la madre por el secuestro parental del menor y sale absuelta. La vista sólo se produjo un mes y medio después de que obtuviera la medida de alejamiento. Mientras tanto, el niño es atendido por la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la prevención del Maltrato Infantil (Adima). Un profesional de esta entidad explora al menor y éste verbaliza todos los abusos a los que fue sometido. La entrevista se graba y es visionada por las partes. Es lo que se conoce como la prueba preconstituida. "Es demoledora", apunta el abogado, José Roldán.

El menor contrajo una enfermedad de transmisión sexual a los cinco años, lo que indica una posible agresión sexual en esa fecha

Aquí se produce una de las irregularidades del caso. La defensa pide que un perito visione la prueba preconstituida. El 10 de febrero de 2015 el juzgado lo deniega, se recurre y la Audiencia lo estima en agosto del mismo año. Se autoriza al visionado en sede judicial. Sin embargo, lo que ocurre es que el secretario hace dos copias de la grabación y se la entrega a la defensa y al perito contratado por ésta.

En represalia al proceso judicial, el padre deja de pagar la pensión alimenticia del niño durante 20 meses y la madre interpone hasta dos demandas solicitando el pago de estas cantidades. El padre es condenado por el impago y abona los 20 meses unos días antes de la vista, reconociendo por tanto los hechos. La madre no le reclama los gastos médicos derivados de los supuestos abusos. Es otro procedimiento derivado del principal de los abusos que se resuelve antes.

Dos años antes de que se presentara la denuncia, cuando el niño tenía cinco, el niño contrae un impétigo. Es una enfermedad que consiste en una infección de la piel y que puede ser contagiada por transmisión sexual. Por tanto, supone un indicio indirecto de relaciones sexuales bastante probables ya en esa fecha. En ese periodo la madre recuerda que el padre sufría una infección en la garganta. El abogado pide que se libre oficio al Servicio Andaluz de Salud para que acredite que el padre fue tratado de una infección en la garganta. El juzgado lo autoriza pero cierra la instrucción sin que el SAS haya contestado ni enviado ningún documento.

Un año y medio con la instrucción acabada

El juzgado abre procedimiento abreviado el 23 de diciembre de 2016. El abogado entendía que el oficio del SAS podría ser clave para demostrar si hubo penetración, lo que agravaría aún más la pena. Ya no se estaría juzgando al padre por un delito continuado de abusos sino por otro de agresión sexual.

La acusación particular presenta su escrito en enero de 2017 y pide al padre quince años de cárcel, diez por un delito continuado de abusos sexuales y cinco por lesiones. La Fiscalía tarda cinco meses en calificar los hechos. Lo hace en mayo de 2017 y le pide al padre tres años de cárcel, cinco de alejamiento y limitación de la patria potestad durante seis años. Sin embargo, no incluye la agravante de parentesco. El abogado pide una cita con la fiscal del caso y se le deniega.

El menor sufre un desajuste emocional severo y el riesgo de que caiga en la droga o en la delincuencia es alto

Una vez concluido el sumario y con la calificación de las partes, el juzgado de Lora remite el caso para su enjuiciamiento. Tarda otros siete meses más. Lo hace en diciembre de 2017, un año después de que se cerrara la instrucción. Y lo hace con una nueva irregularidad. El caso es enviado a un juzgado de lo Penal cuando, por las penas que se solicitan, debería ser enjuiciado por la Audiencia de Sevilla. Corresponde a la Audiencia enjuiciar todos aquellos asuntos que superen la petición de cinco años de cárcel.

Así, el juez de lo Penal número 3 de Sevilla devuelve el caso a Lora al entender que no le corresponde a él el enjuiciamiento, dado que la acusación particular pide quince años de cárcel. Esto ocurre el 5 de abril de 2018. Y desde entonces no se ha producido ningún avance. Están a punto de cumplirse los cinco años de la primera denuncia y la sensación de impotencia que padecen la madre y su marido es absoluta.

Quejas al Poder Judicial

El matrimonio ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz y al Español, que se han desentendido del asunto al estar sometido a un procedimiento judicial. También han acudido al Defensor del Pueblo Europeo, que ha contestado alegando que no es su competencia. "¿Entonces para qué sirve?", se preguntan. También han presentado tres quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, que no entra en el fondo del asunto ni investiga por qué se producen estas dilaciones y ha respondido diciendo que su abogado puede recurrir las decisiones judiciales. "Si no recurrimos es porque queremos salir ya de Lora, que no hay forma", apunta el letrado.

"Hemos hecho peregrinaciones de todas clases, sin conseguir nada", lamentan. Mientras tanto, el niño sigue creciendo y tiene ya doce años. Se aproxima a una edad complicada y el riesgo de caer en la delincuencia o en la droga es muy alto. "No se relaciona con nadie en el colegio, tiene un desajuste emocional profundo y está destrozado. Genera muchos problemas en casa. El trastorno que padece es tan complejo que lo lleva personalmente el catedrático de Psicología Social José María León", añaden.

El menor tiene activado el protocolo de acoso en la escuela. Un trámite para el que hace falta la firma del padre, que tiene una orden de alejamiento pero sigue con la patria potestad tras cinco años desde la primera denuncia. "Es surrealista. Si tengo que cambiar al niño de curso o de centro, me hace falta la autorización del padre. Para cualquier trámite me hace falta. Incluso para sacarle el pasaporte, que queríamos hacer un viaje a Tánger y no hemos podido".

El padre sigue teniendo la patria potestad de su hijo, pese a que está acusado de abusos sexuales

El tiempo sigue corriendo y juega a favor del acusado. "Mucho nos tememos que este retraso sea consideración una dilación indebida y el padre no pise la cárcel", lamenta el abogado. La madre y su marido creen ya que existe una mano negra en los juzgados de Lora. "Es muy sorprendente que todos los procedimientos derivados de este asunto, como el tema del secuestro parental o cualquier denuncia que el padre ponga contra la madre, se resuelvan muy rápido, y el caso de los abusos, que es crucial, se retrase tanto", se plantea el marido de la madre.

Ella lamenta el daño que le está causando todo este retraso. "Cada vez que voy al pueblo se comenta que, si no ha entrado en prisión, será que no ha hecho nada. Hace poco ha sido la feria y no he podido llevar al niño". Los dos han decidido dar un paso que nunca quisieron: acudir a la prensa. Lo hacen sin identificarse ni mostrar su imagen pública para que el niño no pueda ser reconocido en ningún caso. "¿Dónde está la protección del menor aquí?", se preguntan.

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