La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta, Regina Serrano, ha firmado la resolución en la que declara de nuevo como apta para el consumo humano el agua Marchena (con 19.550 habitantes afectados) y Écija (casi 39.900), los dos municipios del Consorcio del Plan Écija que seguían con la prohibición del uso para beber y cocinar porque se habían superado los niveles de benceno permitidos.

También se ha declarado apta para el consumo humano el agua de la Entidad Local Autónoma Isla Redonda-Aceñuela, una pedanía ecijana con unos 330 habitantes y que fue la última en la que se adoptaron las restricciones.

La Junta vuelve a incidir en que, desde que se tomó la medida de advertir a la población y declarar no apta el agua de estos dos municipios, las respectivas empresas que gestionan el agua en baja (Hidralia en Marchena y Aqua Campiña en Écija) han establecido diversas medidas y han hecho análisis diarios, en distintos puntos de la red interna. En todos ellos, las analíticas han dado dentro de los parámetros permitidos durante tres días consecutivos.

Como ha hecho con el resto de localidades, la Consejería ha ordenado que se sigan haciendo análisis diarios de benceno en los depósito de estos municipios durante siete días consecutivos, además de uno semanal por un periodo de dos meses.

De este modo, la crisis que trascendió el jueves 3 de diciembre, cuando la Junta declaró no apta el agua de Marchena y La Luisiana, en primer lugar, y la de el resto de municipios en los días siguientes, entra en una nueva fase, en la que no sólo habrá que vigilar que los parámetros sigan dentro de lo permitido, sino aclarar las responsabilidades sobre lo ocurrido y analizar la gestión que se ha hecho.

El Consorcio del Plan Écija ha explicado que el origen de la contaminación está en un cargamento de carbón activo (un componente que se usa en potabilización del agua por su capacidad de absorber olores y sabores) que venía defectuoso, con benceno y de lo que culpa a sus proveedores. La contaminación se produjo en la planta potabilizadora (ETAP) por la que pasa el agua de los pantanos que luego se distribuye a los 15 municipios consorciados.

A pesar de que los niveles de benceno han sobrepasado los niveles que marca la legislación española y de la UE (un microgramo por litro de agua), tanto el Consorcio como la Junta han asegurado que no ha habido riesgo para la salud de las personas.