El trágico caso de las muertes de Alcalá de Guadaíra ha generado reacciones de indignación en todo el país por la difícil situación económica que atravesaba la familia. Profesionales sociales como el Consejo General del Trabajo Social y representantes políticos como el coordinador general andaluz de IU, Antonio Maíllo, han pedido que se acabe con el desmantelamiento de los servicios sociales que provocan los recortes presupuestarios que ha traído esta crisis, una red pública que consideran "clave" para evitar casos como el ocurrido en Alcalá.

Otros como la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, reclaman un frente común de todas las administraciones contra la exclusión social, una petición en la que coincidió con la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, quien también reclamó un eficaz pacto económico entre administraciones y que la Junta active ya la renta básica.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, admitió que, a falta de conocer las causas reales de las muertes, "es claro que hay una situación que están viviendo muchos españoles, sobre todo a consecuencia de desempleo, muy complicada y muy dramática", dijo en rueda de prensa en la sede del PP de la calle Génova de Madrid.

Desde la Junta de Andalucía, su vicepresidente Diego Valderas declaró que ha llegado el momento de poner en marcha un plan estratégico para conseguir la "pobreza cero" en Andalucía garantizarndo los "suministros vitales" de alimentación, energía y vivienda para las rentas bajas. Reconoció la necesidad de analizar cómo se están gestionando las peticiones de ayuda y por qué se ha retrasado el salario social que pidió en octubre la familia.

El Consejo General del Trabajo Social denunció este lunes que los trabajadores sociales del país se encuentran a diario con casos graves que "no siempre se pueden resolver con la rapidez necesaria por la falta de recursos" y que las políticas de austeridad provocan que el sistema sea "incapaz" de abordar los problemas a tiempo, lamenta su presidenta Ana Lima. Insiste en que el Estado debe dar una respuesta a este tipo de situaciones y añade que el Gobierno no puede aprobar un plan de inclusión social, como hizo el viernes pasado, con dinero para el Tercer Sector (ONG), "mientras desmantela la red pública de servicios sociales".

Para Maíllo, de IU, hay que reflexionar sobre hasta dónde se está llegando con la "política suicida de recortes, que se antepone sobre otro tipo de cuestiones, y sólo traen sufrimiento".

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, afirmó que las instituciones públicas "tienen que analizar las cuestiones que se encuentran sobre la mesa para las personas que lo están pasando peor y que están en situación de exclusión social".

Alicia Martínez, del PP andaluz, sacó los colores a la presidenta de la Junta por presumir de políticas sociales en Andalucía. "Pedimos a Susana Díaz es un poco de humildad cuando se intenta expandir una imagen de Andalucía como si fuera el paraíso social donde todas las personas están perfectamente atendidas porque la realidad es bien distinta y hechos como éste son la cara más amarga del 37% de paro y de las más de 200.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos", dijo.