La empresa confirma que las obras en la mina arrancarán en 2016

Un día después de que se conociera que la juez ha archivado la denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar, Minera Los Frailes -la sociedad que han constituido el Grupo México como principal accionista y Magtel, a través de su filial Minorbis para su explotación- confirmó ayer que ha arrancado ya los trabajos previos para iniciar la fase de investigación, en la que tiene previsto invertir hasta siete millones de euros, con la contratación de unas 200 personas. El grupo también avanzó los plazos que baraja a partir de ahora. Así, está previsto que la etapa de construcción tanto de la nueva mina -que será en galería, 4,5 kilómetros de túnel, según está previsto- como de la planta que será necesaria para transformar el mineral arranque a lo largo del 2016. Se trata del trabajo que generará más mano de obra contratada, con más de un millar de personas, que se reducirá en la fase de puesta en marcha y explotación comercial, que está previsto que arranque dos años después, en 2018.

En las próximas semanas, la empresa incorporará a su equipo a los trabajadores que quedan de la etapa de Boliden, a los que contrató la Junta y que se han encargado estos años de las tareas de mantenimiento del complejo minero. La sociedad reiteró que Minera Los Frailes cuenta con más de 93 millones de fondos propios para afrontar las primeras inversiones necesarias. En un comunicado, el director general de Americas Mining Corporación, la división minera del Grupo México, Daniel Muñiz Quintanilla, valoró "de forma positiva" las últimas noticias sobre el archivo y la decisión previa de la Junta de seguir adelante con la adjudicación: "Viene a desbloquear la situación de impasse en la que nos encontrábamos".

De otro lado, el archivo de la denuncia sigue provocando numerosas reacciones políticas. Así, desde Podemos Andalucía se aseguró ayer que en la adjudicación de la mina "sigue habiendo muchas sospechas e irregularidades administrativas", al tiempo que hizo hincapié en el que el archivo decretado por el juzgado es "provisional" y puede ser recurrido, como de hecho ha anunciado ya la empresa Emerita, perdedora del concurso.

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, subrayó la opacidad del procedimiento de adjudicación al afirmar que "la chapuza, por muy legal que sea, sigue siendo chapuza".

Desde el Gobierno andaluz se confió en que los partidos de la oposición, y en especial el PP-A, aprendan la "lección" tras el archivo de la causa y que "no todo vale en política" para sacar "rédito electoral", aseguró el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que añadió que ahora toca el momento de exigir "reparaciones y rectificaciones públicas".