Los dos responsables de las empresas investigadas por la presunta falta de control de los tapones con fosfuro de aluminio que provocaron la muerte de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) comparecerán ante la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad el próximo día 21 para prestar declaración en calidad de imputados por un delito contra el medio ambiente en concurso con otros tres delitos de homicidio por imprudencia.

En un auto dictado el pasado 27 de junio, al que tuvo acceso este periódico, la juez Laura Ruiz Alaminos, acuerda citar como imputados a la encargada de la empresa de gestión de residuos peligrosos Alansu S.L., María Rosa S. M., y al responsable de la una chatarrería, Reciclados Nivel, Pedro Antonio G. C., a los que se unen también como imputadas las personas jurídicas Alansu S. L. y Reciclados Nivel. La magistrada ha pedido a estas sociedades que aporten la documentación correspondiente a los seguros de responsabilidad civil que pudieran cubrir su actividad, precisa el auto.

Estas comparecencias se producen después de que la Fiscalía de Dos Hermanas solicitara la imputación de los dos responsables y de sus empresas, una vez acreditado que Reciclados Nivel se habría encargado de la gestión de los botes de aluminio y de los tapones que contenían la sustancia tóxica a pesar de que esta empresa no contaba con autorización alguna para el tratamiento de los residuos peligrosos.

En el auto, la magistrada accede además a ampliar la imputación inicial -de tres delitos de homicidio imprudente- con otro delito contra el medio ambiente porque entiende que de las diligencias de investigación practicadas "se infiere indiciariamente" que la encargada de Alansu -empresa que sí contaba con la autorización para la gestión de los residuos peligrosos- realizó la gestión "sin cumplir con la legalidad vigente, vendiendo los botes de fosfuro de aluminio" a Pedro Antonio G. C., responsable de Reciclados Nivel. Dice la magistrada que esta empresa "en ningún caso contaba con autorización para la gestión de tales residuos, unos residuos que, no custodiados ni gestionados de debida forma, fueron los que presuntamente se encontraron en el domicilio donde residían los fallecidos, concretamente en uno de los cuartos de baño de la vivienda, causando el desgraciado fallecimiento" de los tres miembros de la familia Caño Bautista: Enrique Caño, su esposa Concepción Bautista y una hija de 14 años.

La juez advierte de que los botes vendidos a la chatarrería tenían sus correspondientes tapones y contenían restos de la sustancia que "indiciariamente resultó mortal": el fosfuro de aluminio. En el auto, la magistrada analiza el delito contra el medio ambiente, que castiga con penas de uno a dos años de cárcel a los que pongan en grave peligro la vida o la salud de las personas en la recogida, transporte, eliminación o aprovechamiento de residuos. Con esta argumentación, la juez concluye que los dos responsables de estas empresas deben declarar como imputados por un delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente y para ello, en una providencia que también tiene fecha del 27 de junio, les ha citado a declarar el próximo día 21.

En el mismo auto, la instructora accede a la petición de la Fiscalía para que se intervengan los ordenadores de las personas jurídicas imputadas con el fin de que sean analizados por la Policía Judicial y en especial los ordenadores de María Rosa S. M. y Pedro Antonio G. C. para que se "rastreen los correos electrónicos que puedan hallarse en las distintas cuentas relativos a los hechos". Con esta intervención de los ordenadores, la magistrada pretende "analizar las entregas realizadas en Alansu de residuos peligrosos de naturaleza semejante a los de la presente causa que se hayan realizado tanto por Roca Defisán como por otras empresas generadoras de residuos semejantes, analizando su contabilidad, facturas, albaranes de entrega y recogida, etcétera, así como las entregas que consten realizadas por Alansu a Reciclados Nivel durante el año 2013".

Los dos imputados ya han prestado declaración ante los agentes del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra, a la que admitieron que fue la propia empresa dedicada a la gestión de residuos la que por "propia iniciativa" se puso en contacto con la chatarrería para venderle los botes de fosfuro de aluminio. El responsable de Reciclados Nivel acudió a Alansu y se hizo con dos partidas de botes de 800 y 200 kilos, respectivamente.

Los investigadores se afanan ahora en esclarecer cómo acabaron esos tapones en poder Enrique Caño y a este respecto una de las hipótesis que cobra más fuerzas es que en la chatarrería pudieran haberle pagado entregándoles los tapones a cambio de chatarra. Todos los tapones llevaban una etiqueta que alertaba de la peligrosidad de las sustancias que contenían los envases, que acabaron en el cuarto de baño de la vivienda familiar, en la calle Pesadora de Alcalá. Ese lugar era precisamente el lugar más peligroso para guardarlos porque la fosfina se genera en contacto con la humedad del aire o el agua.

Además de la citación de los dos imputados y sus empresas, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá ha ordenado que presten declaración media docena de testigos relacionados con los hechos.

De otro lado, la juez Laura Ruiz ha autorizado que se remita la documentación relativa a los informes toxicológicos y anatomopatológicos -tanto a nivel macroscópico como microscópico- así como cualquier otra información de interés sanitario sobre este caso a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta. La finalidad de la entrega de la documentación no es otra que la de contribuir al "conocimiento científico y a la toma de medidas de prevención y control", respondiendo de esta forma a una petición de dicha consejería para que se hiciera entrega de esos informes.