El secretario del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), Antonio Prados, ha declarado hoy en el juzgado 2 de Estepa que no advirtió personalmente al alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, de la obligación de convocar plenos ordinarios cada tres meses ya que el regidor conoce la norma al respecto.

Prados ha declarado como testigo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Estepa que investiga una denuncia del PSOE municipal contra el regidor de Marinaleda (Sevilla) por prevaricación al incumplir el acuerdo del 14 de julio de 2015 aprobado por el pleno municipal en el que se comprometió a convocar sesiones "al final de cada trimestre natural", ya que según su denuncia no se convocan plenos ordinarios desde diciembre de 2016.

Según informó a Efe el denunciante, el portavoz socialista Mariano Pradas, el juez ha preguntado al secretario si comunicó a Sánchez Gordillo la obligación de convocar los plenos ordinarios y el testigo ha contestado que no le advirtió expresamente ya que el regidor es conocer de la ley y sabe cuándo tiene que convocarlos.

Ha confirmado que en el periodo denunciado sólo se convocaron plenos extraordinarios si bien, como declaró Sánchez Gordillo cuando compareció ante el juez como investigado el pasado 15 de febrero, en los mismos se permiten ruegos y preguntas.

El regidor consideró por ello que es una cuestión "de nombre" y que la denuncia "se va a archivar" porque "no tiene ni pies ni cabezas", y la atribuyó a "un berrinche" del portavoz municipal socialista o "que han dado una orden de por ahí arriba para hacer este paripé" para "tapar otras imágenes" como las del caso ERE.

El secretario municipal sí ha confirmado que advirtió el alcalde de que la ley prohíbe dar la palabra durante los plenos a los vecinos asistentes a las sesiones, algo que Sánchez Gordillo hacía y que el portavoz socialista denunció porque según ha explicado vecinos próximos al regidor "se dedicaban a insultarnos".

Según Pradas, a raíz de la denuncia, sí se ha celebrado el pleno ordinario trimestral correspondiente a marzo pero en 2017 "sólo se hicieron dos extraordinarios" pues el alcalde "se preocupó más de estar en el procès catalán que en su pueblo".

Para el PSOE municipal, la no convocatoria de plenos también puede constituir un "delito de la autoridad contra los derechos individuales", en concreto el derecho a la participación en los asuntos públicos tanto de los ediles del PSOE como de los vecinos de Marinaleda, un pueblo de la Sierra Sur sevillana de 2.700 habitantes.

Sánchez Gordillo es uno de los alcaldes más longevos de España ya que lleva en el cargo desde 1979, pertenece a la CUP -una corriente de IU- y como histórico líder jornalero del sindicato SAT ha encabezado ocupaciones de fincas y otros altercados.