DEBATE SOBRE EL CONTROL DE LOS DELINCUENTES SEXUALES

La lista de la infamia

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Santiago del Valle García. Con toda probabilidad, éste será el nombre que figure como primero de una infame lista, la del registro de pederastas. Su creación fue aprobada de forma unánime en el Congreso. La medida insta al Gobierno a que contemple de manera específica en el Registro Central de Penados y Rebeldes la información relativa a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias, firmes y no firmes, medidas cautelares y requisitorias, acordadas en procedimientos penales por la comisión de delitos contra la libertad sexual. Como apunta Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, “estamos ante un registro no sólo de pederastas, sino más ambicioso porque incorporará la información sobre otros delitos, como la violación”.

Sin embargo, el detonante definitivo para consensuar a los grupos parlamentarios ha sido el asesinato de la pequeña Mari Luz, fruto de una alarmante descoordinación institucional y judicial que ha levantado a la sociedad clamando por “una justicia justa”. Para José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, el caso de la pequeña de Huelva “va a resituar la cuestión [de los pederastas, sus condenas y tratamientos] en sus justos términos”.

Los representantes sociales, judiciales y médicos con los que ha contactado RdA aplauden, en su mayoría, esta medida anunciada el pasado 12 de septiembre por los titulares de Interior y Justicia. Sólo el psiquiatra forense José Cabrera disiente: “Establecer registros de pederastas convictos y condenados no tiene otro sentido que el político y publicitario de un Gobierno u otro para tranquilizar a la opinión pública”, en este sentido el doctor se pregunta “por qué no hacer también listas de ladrones, drogodependientes, homicidas, estafadores...”.  Cabrera considera que “estos listados serían una condena vitalicia de sospecha hacia la persona inscrita, lo que choca con la filosofía de un Estado de derecho”.

El debate está en la calle y la respuesta en los límites de la Justicia. Para Francisco Arroyo, presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, “hay dos valores a ponderar: la intimidad del condenado y la protección de las víctimas”. El magistrado insiste: “Hay que proteger no sólo al condenado sino, sobre todo, a la sociedad, máxime en el caso de menores. Esto se nos olvida con frecuencia”.

Uno de los aspectos que generará un amplio debate parlamentario será, precisamente, el del acceso y confidencialidad de los datos de este registro. José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, defiende un registro de “acceso semipúblico”. Es decir, “que pueda consultarse por los Juzgados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también por los organismos de toda índole relacionados con los menores”. De esta forma, “se evitaría casos como el de Santiago del Valle, que solicitó inscribirse en institutos donde se encontraban sus víctimas”, apunta Juan José Cortés sobre las artimañas del presunto asesino de su hija Mari Luz.

Para Javier Urra, primer Defensor del Menor en España, lo idóneo sería “que el Ministerio Fiscal pudiera ser consultado por los directores de colegios, guarderías, campamentos, etcétera para evitar contratar a alguien  que pueda hacer daño a nuestros hijos”. En esta misma línea, Francisco Arroyo cree que este tipo de centros “tienen perfecto derecho a conocer quien está al cargo de los menores, por lo que deberían exigir a los formadores un certificado en el que conste que no están inscritos [en el registro] de la misma forma que para acceder a la carrera judicial se exige un certificado de antecedentes penales”.

Ya sea de acceso público, semipúblico o  restringido la petición generalizada es que los pederastas cumplan de manera íntegra sus condenas y no se beneficien de ningún tipo de permiso penitenciario. Para ello, el Gobierno ya estudia una reforma del Código Penal para “elevar las penas por los delitos contra la libertad sexual, cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de edad, enfermedad o situación”, aclara el portavoz socialista. Una modernización de la Justicia que, en palabras de Federico Trillo, portavoz popular en esta materia, “requiere un serio compromiso político para la adopción de medidas que tengan una verdadera vocación de perpetuarse”.

Para Pilar Sepúlveda, abogada y presidenta de la asociación de víctimas de agresiones sexuales Amuvi, “las penas debieran ser agravadas en aquellos casos en los que el pederasta se limita a tocamientos (sin penetración), en los que la pena habitualmente es menor de dos años e incluso de multa, siéndole habitualmente aplicada la suspensión de condena”.

Por ello, los portavoces sociales insisten una y otra vez en el cumplimiento íntegro de la condena y, posteriormente, garantizar una libertada vigilada. Es decir, que el condenado siga un tratamiento psiquiátrico, se persone ante el juez de vigilancia penitenciaria, tenga prohibido el acercamiento a zonas de ámbito de menores y esté localizado en todo momento por medidas telemáticas como GPS o pulseras. “Son personas que aprovechan permisos penitenciarios para reincidir”, insiste Urra. En resumen, es hacerle entender al pederasta que “no nos fiamos de él”. “Por el simple hecho de haber estado privado de libertad no se garantiza la rehabilitación”, insiste la presidenta de las víctimas por abusos sexuales.

La nula o escasa confianza en la recuperación de estos delincuentes pone de acuerdo a todos los profesionales. Si la ciencia no garantiza la cura mental de estos enfermos, ¿qué hacer con ellos una vez hayan cumplido su pena? La castración química, apoyada recientemente por algunos sectores sociales, es hoy por hoy ilegal en España.

LA OPINIÓN DE:

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz: "Al registro sólo deberían acceder jueces y policías"

Me parece conveniente la creación de este registro dentro del respeto a la protección de datos. Es decir, los jueces y cuerpos de seguridad del Estado deben manejar esta lista, pero nada más. Como se amplíe la restrición a otros ámbitos se puede abrir la espita de quién es y quién no es pederasta, e incurrir así en injusticias y errores”, opina Chamizo. Para el defensor hace falta endurecer las penas “pero entendiendo bien las situaciones de cada condenado”. Eso sí, “con los pederastas no valen beneficios penitenciarios ni buena conducta. Debe cumplir la pena íntegra”. Por otra parte, no cree en la castración química: “En otros países se ha aplicado sin éxito. La rehabilitación es difícil, mucho. Está claro que se trata de una alteración y perturbación mental”.

Javier Urra, psicólogo y primer Defensor del Menor en España: "Un pederasta en la calle reincidirá si no se vigila"

Para el autor de numerosas publicaciones sobre este asunto, “este registro debe incluir también a los menores que cometieron los abusos siendo menores”. Además, Urra defiende una profunda y comprometida revisión del Código Penal. “Respecto a la reincidencia en este tipo de delitos hay un debate abierto en el marco de los juristas. Un agresor sexual puede que no mate, pero infringe un perdurable y profundo dolor en sus víctimas. Y sabemos que todo apunta a que una vez que está en la calle reincidirá. Sin embargo, hay casos de gente que ha matado de la que tenemos la profunda convicción que no lo volverá a hacer”. A este respecto asegura que la castracción química “no es la solución, sólo un elemento coadyuvante”.

José Cabrera, psiquiatra forense: "El registro sólo sirve para tranquilizar a la opinión pública"

El doctor Cabrera es el más crítico de los consultados con esta medida. Considera que este registro “sólo sirve para tranquilizar a la opinión pública”. En su lugar aboga por una reforma del Código Penal: “Hay manifiestas disparidades en las penas, no sólo en los casos de pederastia, sino en otros muchos. Se pena más un delito contra el medio ambiente como pasar un pez tropical que el  inducir a un aborto”. La pederastia, según el forense, “debería tener un seguimiento psiquiátrico con inhibidores de la libido y sedantes y terapia regular en centros de salud. La castración química no existe, a pesar de lo que diga Sarkozy, lo que existen son fármacos como la ciproterona que administrados de forma permanente inhiben el deseo sexual”.

Pilar Sepúlveda, abogada y presidenta de Amuvi: "Se deben agravar las penas por tocamientos"

Para la abogada y presidenta de la asociación de víctimas por agresiones sexuales Amuvi “debieran ser agravadas aquellas condenas en la que los pederastas se limitan a tocamientos (sin penetración) en la que la pena habitualmente es menor de dos años e incluso de multa, siéndole habitualmente aplicada la suspensión de condena”. Sepúlveda añade, además, que “las penas se deberían endurecer en el caso de abusos sexuales tanto con penetración como sin ella en el caso en que la víctima sea menor. No me parece lógico que frente a la agresión sexual los menores tengan una pena tan exigua; debiera ampliarse el supuesto de abuso sexual por razón de la edad hasta los 18 años siempre que exista una asimetría de más de cinco años con su abusador”.

Francisco Arroyo, presidente de la Audiencia Provincial de Málaga: "Apoyo la castración química y el control y vigilancia ilimitado"

El problema es que con mayor o menor pena, al final estos delincuentes salen a la calle y, hasta donde conozco y ante el actual estado de la psiquiatría, la recuperación es nula”, opina el presidente de la Audiencia de Málaga. “Aun cuando las penas privativas de libertad no pueden ser perpetuas según la Constitución Española, se pueden establecer medidas y controles perpetuos o al menos hasta que el delincuente demuestre estar totalmente recuperado”. En esta misma línea, el magistrado apoya rotundamente la castración química: “Es radical. Hay que proteger no sólo al condenado sino, sobre todo, a las víctimas y a las potenciales víctimas de este agresor”.

José Joaquín Gallardo, decano del colegio de abogados de Sevilla: "Endurecer las penas no resulta disuasorio"

Según el abogado, una reforma del Código Penal que contemple un endurecimiento de las penas en este tipo de delitos “desgraciadamente casi nunca resulta eficaz ni disuasorio”,  aunque considera que “mejorar el funcionamiento del sistema policial y judicial contribuye a evitar la comisión de delitos”. En materia penal, el letrado aboga por “respetar la exigencia constitucional de proporcionalidad, ya que dentro de la categoría genérica de pederastia se engloban conductas de muy diversa gravedad”. Así, Gallardo ”sólo aceptaría la castración química como opción voluntaria del pederasta que tenga suficiente capacidad para decidir sobre ello”.

Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso: "Nuestro sistema penal no excluye aplicar elementos de control"

Si bien el portavoz socialista en materia de Justicia cree que “no podemos ni debemos anticiparnos al Proyecto de ley de reforma del Código Penal ni al debate en las Cortes”, adelanta puntos firmes sobre los que girará el discurso de su grupo: “Nuestro sistema penal está orientado hacia la reeducación y reinserción social, principios irrenunciables pero que no excluyen la adopción de otro tipo de medidas de control, tras la puesta en libertad de delincuentes patológicos con pronóstico elevado de reincidencia”. Y ello, sin obviar por más tiempo una mejora en “el funcionamiento del conjunto del sistema judicial en el marco de la necesaria e inaplazable modernización de la Administración de Justicia”.

Federico Trillo, portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso: "Las medidas deben tener vocación de perpetuarse".

La iniciativa para la reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno a la creación de un registro de pederastas –como solicitó la familia de la niña Mari Luz Cortés– fue presentada por el Grupo Popular y aprobada de forma unánime en el Congreso. Para seguir en esta línea de consenso, Trillo confía en que “la modernización de la Justicia requiere un serio compromiso político para la adopción de medidas que tengan una verdadera vocación de perpetuarse”. Por ello, su grupo defiende una respuesta penal que “no sólo castigue de forma ejemplar las acciones perpetradas contra menores e incapaces sino que, además, disuada a los potenciales agresores de cometer esta clase delitos”.

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