"El sistema de control en seguridad alimentaria funciona", subraya Milagros Nieto, subdirectora general de Coordinación de Alertas Alimentarias y Programación del Control Oficial. Desde esa posición en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), considera que "no hay problemas de salud para los consumidores", porque "el sistema de alerta detecta los fallos en el control oficial" (solo se necesitaron 186 alertas en 2009) y tiene ya mecanismos en red que permiten atajar posibles riesgos.

Sin embargo, no siempre coinciden la evaluación del riesgo y la percepción ciudadana del mismo. De hecho, los últimos resultados de la investigación europea sobre tal percepción en seguridad alimentaria desvelaron hace solo una semana que la población confía como fuentes de información en sus agencias nacionales y comunitarias (64% en la UE y 71% en España) responsables de garantizar la alimentación sin peligro. Pero con matices significativos, ya que su confianza es mucho mayor en quienes ejercen la medicina y otras profesiones sanitarias (84%, que llega a un espectacular 94% en el caso español), en su familia y amistades (82% y 91% en España), en asociaciones de consumidores, en científicos y en ecologistas (del orden del 70%-80%).

La vigilancia, como explica la jefa de Área del citado departamento de la AESAN Elena García Pinto, se articula a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), que "notifica los riesgos graves para la salud humana derivados de los alimentos" en coordinación con los organismos europeos paralelos, Infosan y RASFF. Las notificaciones incluyen las alertas, que requieren una "actuación inmediata de las autoridades competentes" (han bajado de 217 en 2005 a 186 en 2009); las informaciones, que no requieren tal inmediatez aunque el riesgo pueda ser importante (1.484 en 2009), y los rechazos, centrados en impermeabilizar fronteras y localizar mercancías (1.413 el año pasado).

Entre los países cuya notificación abrió los expedientes de alerta de 2009, España protagonizó el 23% de casos. La gran mayoría (72%) de productos implicados era de la Unión Europea. En cuanto a esos artículos, el 49% era de origen animal (y dentro de ese capítulo, más de la mitad pescados y derivados) y el 43% de origen vegetal (los más frecuentes en ese apartado, cereales y harinas, con un 22%, y frutos secos, con un 19%). En el ámbito de los riesgos, el 51% era de tipo químico (metales pesados 32%, aditivos 23%), el 20% biológico (salmonellas en un 38% de esos casos) y el 5% físico. Los más notificados suelen ser pescados grandes como el pez espada o el tiburón, cuyo tamaño hace más probable la acumulación de mercurio. Un capítulo que cada vez aparece más (6%) es el de los materiales de contacto de los utensilios de cocina, fabricados en países pobres y emergentes con plástico, barro o porcelana que pueden ser contaminantes.