Un nuevo decreto que elimina la obligatoriedad de rendir cuentas mensualmente y de tener que contar con la autorización para toda variación que se quisiera hacer en el presupuesto aprobado por cabildo general de hermanos. La Hermandad del Valle ha explicado en un comunicado que el Arzobispado de Sevilla ha dictado un nuevo decreto, con fecha 29 de junio (Nº Prot. 2463/22) que corrige el anterior del mes de mayo de 2022, en el que prácticamente se intervenían las cuentas de la corporación y se generaban toda una serie de obligaciones ante el Protectorado Canónico, donde se deben rendir las cuentas, tras advertirse una serie de supuestas desviaciones.

La corporación del Jueves Santo, cuyo hermano mayor es Gonzalo Pérez de Ayala, señala en el comunicado que la junta de gobierno, entendiendo que esta intervención no se ajustaba a derecho y que resultaba lesiva para los intereses de la Archicofradía, presentó la preceptiva súplica, previa al recurso jerárquico, ante la misma autoridad de la que emanó el propio decreto y, paralelamente, se instó la mediación del asunto, prevista en el Código Canónico para evitar un litigio.

Fruto de ello, se mantuvo una reunión con el delegado episcopal para Asuntos Jurídicos de las Hermandades, Miguel Vázquez Lombo, en la que participaron los dos mediadores propuestos: Alberto Benito Peregrina,como Ecónomo de la Archidiócesis; e Ignacio Flores Prada. "En dicha reunión se aclaró por el delegado de Asuntos Jurídicos y el propio ecónomo de la diócesis que la hermandad nunca ha estado intervenida económicamente. Es más, el ecónomo de la Archidiócesis, una vez revisadas las cuentas anuales, su marcode información financiera, las medidas de transparencia y los sistemas de control económico implantados en el funcionamiento de su actividad corriente, que aportan seguridad razonable y garantías suficientes de la corrección de las operaciones, tareas, comportamientos y demás aspectos de la hermandad, felicitó por todo ello al hermano mayor y al mayordomo", señala la hermandad.

Fruto de esta reunión y de esta consideración, se ha dictado un nuevo decreto con fecha 29 de junio (Nº Prot. 2463/22) que corrige el del mes de mayo de 2022, eliminándose así la obligatoriedad de rendir cuentas mensualmente al Protectorado Canónico y de tener que contar con la autorización previa de dicho ente diocesano para toda variación que se quisiera hacer en el presupuesto aprobado por Cabildo General de hermanos, reservando dicha actuación tan solo para supuestos de extraordinaria relevancia.

"Para mayor tranquilidad de todos, en consonancia con la comunicación fluida que llevamos implantando desde el inicio, informamos que seguiremos aplicando las mismas normas de control, transparencia y buen gobierno en materia económica, garante de la confianza depositada de todos los hermanos, para seguir trabajando por el presente y futuro de nuestra Archicofradía como única vía posible", concluye el comunicado de la junta de gobierno.