Los 16 promotores musicales presentan la denuncia ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la concesión de Icónica

Un total de 16 promotores culturales de toda España han presentado una denuncia conjunta este martes dirigida a la Fiscalía Anticorrupción en la que piden la apertura de diligencias de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Sevilla en la cesión y explotación de la Plaza de España a favor de la empresa Green Cow Music S.L., promotora del Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La denuncia de más de 40 páginas y respaldada por un extenso dossier documental sostiene que los hechos relatados podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la administración pública, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas, según explican los 16 promotores en un comunicado.

Según la denuncia, la mercantil Green Cow Music S.L. ha celebrado el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest durante cinco años (2021-2025 ) en base a un supuesto contrato con la empresa municipal Contursa y ha obtenido según los responsables del Ayuntamiento de Sevilla una prórroga del contrato por seis años más, de 2026 a 2031, para un total de once años de explotación mercantil en exclusiva del mejor espacio público monumental de la ciudad catalogado como BIC, sin concurso, concurrencia, ni publicidad, a pesar de que otros promotores culturales de reconocida solvencia han solicitado la misma plaza en 2022, 2023 y 2025 para llevar a cabo otros festivales de música como se acredita en el escrito.

Durante los cinco años del Icónica Santalucía Sevilla Fest se han celebrado 107 conciertos con más de 771.000 espectadores, pudiendo generar un volumen de negocio estimado de cerca de 50 millones de euros. Con la prórroga hasta 2031, los posibles ingresos para la mercantil Green Cow Music S.L. en total y durante los once años de exclusividad podrían acercarse a los 150 millones de euros, cifras importantes de destacar –añaden los promotores- para que la Fiscalía Anticorrupción valore la magnitud económica de los hechos denunciados.

Icónica paga menos de 4.000 euros por concierto

En este sentido y paralelo al negocio generado en favor de la mercantil Green Cow Music S.L, los promotores estiman que el Ayuntamiento de Sevilla ha podido dejar de ingresar y en consecuencia Green Cow SL se ha beneficiado de hasta 5 millones de euros en concepto de canon o alquiler no abonado por falta de concurrencia, competencia y ausencia de un estudio de mercado por parte municipal que justifique el canon pactado entre Green Cow Music S.L. y Contursa. Según la denuncia, Icónica paga menos de 4.000 euros por alquiler día de concierto en la Plaza de España cuando en el sector se paga hasta 50.000 euros -12 veces más- por otros espacios culturales similares en capitales de provincia con la mitad de aforo.

En la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se incluye la evidencia de la "sorprendente falta de respuesta municipal" a una oferta presentada por registro general y ante alcaldía por una de las promotoras denunciantes el pasado 24 de junio de 2025, en la que la promotora ofrecía 600.000 euros más IVA al Ayuntamiento de Sevilla para poder organizar un festival musical en la Plaza de España durante el verano de 2026.

El ofrecimiento incluía dos ventanas alternativas de fechas: junio-julio o septiembre-octubre de 2026 con la intención de respetar la convivencia con otras programaciones culturales y optimizar el uso público del espacio.

La cifra ofrecida, tres veces superior al canon anual que Icónica paga al Ayuntamiento pactado entre ellos, no obtuvo respuesta. Silencio administrativo absoluto como forma de actuar constante del consistorio hispalense en beneficio de la promotora del Festival de Icónica.

Un silencio según los denunciantes que no sólo priva al Ayuntamiento de Sevilla de unos ingresos mayores a lo que ya recibe, sino que también revela una desviación de poder y un trato de favor evidente hacía unos empresarios concretos, dueños de la empresa Green Cow S.L., al impedir que otros promotores culturales accedan en igualdad de condiciones.

Una ordenanza municipal no puede sustituir a un concurso público

Con respecto a la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla que ha anunciado la redacción de una “Ordenanza de uso de la Plaza de España” como fórmula para regular la ocupación del espacio monumental, los promotores defienden que una ordenanza municipal no es ni puede ser el instrumento jurídico idóneo para resolver la situación creada, especialmente cuando existen varios interesados en el mismo bien público.

Una ordenanza municipal es una norma de carácter general que puede regular usos, horarios, requisitos técnicos o condiciones administrativas de los bienes públicos, pero no puede adjudicar derechos de uso exclusivo sobre un bien concreto. Cuando un espacio público se explota con ánimo de lucro y carácter continuado, la ley exige una concesión administrativa y la obligación de convocar un concurso público que favorezca la igualdad de oportunidades.

Una ordenanza sólo establece reglas generales, pero no compara ofertas ni valora la mejor propuesta económica o cultural, que es precisamente lo que garantiza el interés público. De hecho, "esta figura jurídica -y creemos que es el motivo por la cual la ha elegido el Ayuntamiento-, mantiene la discrecionalidad política porque el Ayuntamiento elige a quién autoriza, sin obligación de comparar propuestas, sin baremos de puntuación, sin publicar valoraciones económicas o culturales y sin obligar a elegir la oferta más ventajosa".

Por tanto, no asegura que Sevilla reciba el canon más alto ni la programación más valiosa, como demuestra el caso del Festival Icónica, que paga un canon muy inferior al que otros promotores ofrecen por el mismo espacio.

"Un traje a medida normativo para perpetuar la exclusividad del monopolio de Green Cow"

La ordenanza no elimina el riesgo de favoritismo al permitir solicitudes “a instancia de parte” sin comparar ofertas, sino que lo institucionaliza convirtiendo en “simulación de legalidad y fachada de regulación general” lo que hasta ahora ha sido una práctica arbitraria. “Es un nuevo invento del Ayuntamiento de Sevilla para seguir creando un traje a medida normativo que perpetúe la exclusividad bajo apariencia de legalidad del monopolio actual de Green Cow S.L.”, afirman los denunciantes.

Anunciar ahora una ordenanza después de seis años de cesiones sin procedimiento equivale a "intentar justificar retroactivamente lo injustificable", añaden. Ninguna norma nueva puede convalidar actuaciones pasadas realizadas al margen de la ley, ni servir como “lavado de cara” de irregularidades anteriores.

Por todo ello, los denunciantes advierten que esa ordenanza no es la figura jurídica adecuada ni resuelve el problema de fondo. Es un intento más de "blanqueamiento institucional diseñado para dar cobertura legal a seis años de cesiones irregulares y permitir que el mismo operador Green Cow S.L. continúe beneficiándose del espacio en exclusiva".

Esperemos –concluyen los promotores denunciantes- que tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se esclarezcan los hechos, se ponga orden jurídico, se depuren responsabilidades y todos podamos saber quiénes están detrás y las razones económicas y beneficios de tantas presuntas irregularidades y delitos en los que desde el Ayuntamiento de Sevilla y sus responsables políticos se insiste en el tiempo con el “Caso Icónica”.