La juez Alaya investiga si Mercasevilla pagó nóminas al parlamentario Carmelo Gómez

La juez Mercedes Alaya, que investiga el delito societario en Mercasevilla, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue el "supuesto pago" de nóminas por parte de esta empresa pública y a través de las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas al parlamentario andaluz PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez y el ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, así como a la nuera del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

En un nuevo auto, Alaya ordena a la UCO que "urgentemente informe con todo detalle, a los efectos de ampliar en su caso la imputación inicialmente formulada" contra el ex gerente de Mercasevilla Fernando José Mellet Jiménez sobre el "supuesto pago" por esta empresa pública de las nóminas de Carmelo Gómez Domínguez, José Antonio García González y Mª del Carmen Rodríguez Borrego, nuera de Antonio Rivas, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas, pues aparecen dados de alta el primero en Maginae Solution, en Al-Andalus Mass Media Chanel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en Consulting Social Siemur".

En la resolución, la instructora ha acordado ampliar el objeto de la pericial acordada en esta investigación al objeto de que por los peritos designados "se examine la documentación relativa a las nuevas entidades que relacionadas directa o indirectamente con Juan Lanzas, habrían mantenido operaciones comerciales simuladas con Mercasevilla, debiendo verificar si el importe de dicha facturación falsa asciende a 801.557,07 euros".

Alaya ha incorporado a la causa del delito societario el atestado remitido por la UCO al juzgado hace más de un año, en concreto en marzo de 2014, en el marco de la investigación de los ERE fraudulentos, en el que se precisaba que estas tres personas trabajaron para alguna de las empresas vinculadas al entramado societario que creó el conseguidor de los ERE Juan Lanzas para canalizar las comisiones por su intervención en la tramitación de las ayudas públicas de la Junta.

El atestado procede del análisis de los efectos intervenidos durante los registros practicados en la primera fase de la operación Heracles contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a estas ayudas. Los investigadores sostienen que, de acuerdo con la declaración del modelo 190 presentada por la empresa Maginae Solutions -de la que Lanzas es "administrador de hecho y responsable"-, el parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez, habría percibido retribuciones por importe de 8.390,55 euros de esta sociedad, que le dio de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante 133 días, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto del mismo año. De ese dinero, 4.705,85 euros fueron abonados en concepto de empleado por cuenta ajena y 3.684,70 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, precisa los agentes del instituto armado.

En el caso del ex concejal José Antonio García, que estuvo imputado en el caso de las facturas falsas del distrito Macarena -causa que se archivó contra él-, recibió 9.321,65 euros como trabajador de la empresa Al Andalus Mass Media Channel entre los años 2007 y 2008, al haber figurado de alta durante 326 días (entre el 21 de junio de 2007 y el 11 de febrero de 2008).

El atestado recoge igualmente los pagos realizados por importe total de 23.850,13 euros a María del Carmen Rodríguez Borrego, pareja de un hijo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y que está relacionada con las sociedades Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur. De estas empresas, María del Carmen Rodríguez Borrego habría recibido 19.084,72 euros en los años 2008 y 2009 de la primera empresa; y 4.765,41 euros en 2007 y 2008, de la segunda. Además, figuró de alta en el régimen de la Seguridad Social en la empresa Consulting Social Siemur durante 365 días (entre el 12 de febrero de 2007 y el 11 de febrero de 2008) y durante 453 días por Al Andalus Mass Media Channel, entre el 1 de abril de 2008 y el 27 de junio de 2009.

Fuentes del caso apuntaron que la nuera de Rivas había realizado trabajos para esas empresas relacionados con el reparto de propaganda, aunque el atestado no recoge nada al respecto salvo que la nuera de Rivas convivió en el mismo domicilio que el ex delegado durante el tiempo que estuvo vinculada laboralmente a las sociedades administradas por Lanzas.

La Guardia Civil concluye que teniendo en cuenta la "escasa actividad económica" de las entidades Maginae Solutions y Al Andalus Mass Media Channel, así como el "desconocimiento de su labor como trabajadores" por el resto de empleados de estas sociedades -la Guardia Civil ha recabado en este sentido el testimonio de las personas que laboraron los contratos de trabajo y les dieron de alta en la Seguridad, para los investigadores y "a juicio policial", se podría inferir que los presuntos pagos declarados en relación con las tres personas "pudieran no corresponderse con la prestación de un servicio real".

Los empleados de las empresas consultados por la Guardia Civil afirmaron que desconocían las funciones de Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Rivas, porque "nunca" les habían visto ni hablado con ellos y que la "presunta labor comercial desarrollada por éstos no se vio reflejada en un aumento de la facturación".