El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha solicitado a la sala de lo Civil y Penal del TSJA que confirme la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla por el cohecho de Mercasevilla, un caso que fue el germen del escándalo de los ERE fraudulentos. La Audiencia de Sevilla condenó en noviembre pasado al ex delegado de Empleo Antonio Rivas y a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación, como autores de un delito de cohecho por haber solicitado una comisión ilícita de 450.000 euros a los empresarios de La Raza, a cambio de hacerse con la gestión de la escuela de hostelería. El fallo incluía además que los tres acusados respondan con 12 meses de prisión en caso de impago de la multa, y ordenaba deducir testimonio para investigar un posible delito de falso testimonio contra la secretaria de Rivas, cuya declaración en el juicio no considera creíble.

En la vista celebrada en Granada, el fiscal y las acusaciones particulares del PP y de la propia Mercasevilla han solicitado que se confirme esta condena, mientras que las defensas han pedido la absolución.

El fiscal ha corroborado en su informe que el ex delegado de Empleo Antonio Rivas tenía un "interés desmedido" en que se concediera la subvención a Las Razas para la creación de la escuela de hostelería, tal y como apreció el veredicto del jurado, y el abogado del PP Luis García Navarro también ha incidido en este extremo.

El abogado Jon Ander Sánchez, que representa a Rivas, ha considerado que no existe prueba de cargo alguna contra el ex delegado de Empleo y ha recordado que el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet no declaró en el juzgado ni en el juicio, por lo que no pueden considerarse válidas sus declaraciones incriminatorias respecto a que había exigido la mordida siguiendo las instrucciones de Rivas.

La defensa de Daniel Ponce, que ejerce el letrado Simón Fernández Rebollo, también ha pedido la absolución y ha hecho hincapié en que este ex directivo no puede tener la consideración de funcionario público, y el abogado José Manuel Carrión, que representa a Fernando Mellet, ha reiterado que las grabaciones aportadas por los empresarios son nulas y ha estimado que a su juicio debió de disolverse el jurado popular antes de emitir el veredicto.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla fue dictada una vez que el jurado popular que enjuició el caso emitió un veredicto de culpabilidad contra tres de los cuatro acusados, ya que el tribunal ciudadano decidió absolver a la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, que ha sido definitivamente exculpada porque nadie recurrió su absolución.

La Fiscalía Anticorrupción anunció en su día que no recurriría la sentencia dictada por el juez Ángel Márquez porque consideraba que la resolución era "excelente", si bien las defensas de los tres acusados que fueron condenados han pedido ahora la absolución.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla consideró que la exigencia del pago de una mordida en Mercasevilla fue "idea" del ex delegado de Empleo Antonio Rivas, mientras que los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce ejecutaron el plan. El fallo relataba que Antonio Rivas tuvo una "participación principal" en el soborno, "concertándose con Fernando Mellet y, a través de éste, con Daniel Ponce, quienes aceptaron realizar la petición de dinero que les planteaba aquél, en beneficio propio o de terceros", por lo que concluía que se trataba de un supuesto de autoría conjunta.

El jurado apreció la participación de Rivas en el cohecho basándose en una prueba indiciaria: la declaración del que fuera jefe de la Policía Judicial, que en el juicio reconoció que Mellet dijo que "la idea había sido de Rivas" y que Ponce declaró que "su jefe le había dicho que era un encargo del señor Rivas".

El jurado también se apoyó en las declaraciones del propio Daniel Ponce en la vista oral, donde ratificó todo lo anterior y que, para el juez, suponen un reconocimiento de la intervención en los hechos del ex subdirector de Mercasevilla y de Fernando Mellet, quien no obstante se acogió a su derecho a no declarar en el juicio. Este silencio, reflexionó entonces el juez, "puede ser valorado como una oportunidad perdida de debilitar o desvirtuar la prueba existente, coadyuvando a otorgar credibilidad a las declaraciones de contrario".

La sentencia definitiva sobre el cohecho en Mercasevilla se conocerá en las próximas semanas.