Las irregularidades detectadas en el expediente de regulación de Empleo (ERE) de las Minas de Riotinto han conseguido volver a enfrentar al actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aunque ahora les separe la distancia geográfica y de administraciones que dista entre Madrid y Sevilla. Primero abrió fuego Arenas al considerar "de vergüenza ajena" que "el rey de los abusos", en referencia a Chaves, haya intentado "involucrar" al ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, al ex delegado del Gobierno en Andalucía y actual candidato al Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al propio Arenas, como ex ministro de Administraciones Públicas, en el ERE de Minas Riotinto.

Arenas quiso dejar claro que en el caso del citado ERE, el Ministerio de Trabajo se limitó a "tramitar de forma reglada" lo que le pidió la Junta, ya que las propuestas están "firmadas por la propia Junta y por las organizaciones sindicales". Además, Arenas, atribuyó a la "obsesión que Chaves tiene conmigo" el hecho de que le intentase vincular al ERE de Minas de Riotinto "cuando yo entonces era ministro de Administraciones Públicas" y subrayó que tanto el ex presidente de la Junta como su actual titular, José Antonio Griñán, "tienen una responsabilidad política como una catedral" en el caso de los ERE irregulares, "primero, porque conocieron y en segundo lugar, porque según la magistrado estamos ante una trama cuyo nexo común es la Junta y el PSOE".

El presidente del PP también anunció que su partido va a presentar una "querella criminal contra todos aquellos que han podido abusar de esos fondos".

A todas estas acusaciones no tardó en responder Chaves, quien advirtió a Arenas que si pretende querellarse contra altos cargos del PSOE "seguro que plantearán otras querellas contra el señor Zoido y el señor Zaplana, y en el caso de Arenas no sé si también tendría que autoquerellarse, ya que la lista de prejubilados se hizo de acuerdo con los sindicatos, en presencia del delegado y del subdelegado de Huelva y quien aprobó los coeficientes reductores fue el Ministerio de Trabajo".

La guerra entre PP y PSOE también tuvo un capítulo ayer en el Parlamento andaluz, donde primero el portavoz socialista, Mario Jiménez, volvió a apuntar a Zoido como uno de los principales responsables en las presuntas irregularidades del ERE de Minas de Riotinto al sostener que "validó" el acuerdo marco firmado por el Gobierno, la Junta y los trabajadores. Para respaldar dicha afirmación, Jiménez mostró varios recortes de prensa fechados en 2003 en los que Zoido efectuaba unas declaraciones en las que anuncia "su decisión de aprobar la lista de prejubilaciones acordadas con los sindicatos" en calidad de delegado del Gobierno.

La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, por su parte, replicó a su colega socialista que es un "insulto a la inteligencia de los andaluces y de los 1,2 millones de parados" implicar al PP en el ERE de la empresa minera onubense. Oña aseguró que el Ministerio de Trabajo sólo se limitó a ratificar el acuerdo que le envió la Junta entre la empresa y los trabajadores y, por tanto, su procedimiento fue "impecable" frente a la "chapuza" del Gobierno andaluz. "¿Quién se puede creer que el PP va a participar en las irregularidades de un ERE para meter a cargos del PSOE?", inquirió Oña.

La diputada popular denunció además que tanto el teniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra, Francisco García, como el presidente local del PSOE , Bernabé Gámez, y un hermano de cada uno de ellos están incluidos irregularmente en el ERE de la base aérea de Morón.