Dos crímenes cometidos a principios del año pasado, con una diferencia de poco más de un mes, y que han marcado la crónica negra sevillana más reciente por sus especiales particularidades. Un tribunal profesional y un jurado popular enjuiciarán esta semana, respectivamente, el caso del violador del parque de María Luisa y a la asesina confesa de la heladería Otoño, quienes se encuentran en prisión provisional desde que fueron detenidos.

El primer juicio se inicia el lunes, cuando la Sección Primera de la Audiencia sentará en el banquillo de los acusados a Francisco Morillo Suárez, el presunto violador del parque de María Luisa y a quien la Fiscalía reclama por primera vez en Sevilla la nueva pena de "prisión permanente revisable", introducida en el Código Penal.

El juicio se celebrará en audiencia pública y en la primera sesión declarará el acusado y los policías que intervinieron en la investigación, mientras que en la sesión del martes declararán varios testigos y el miércoles tendrá lugar la práctica de las pruebas periciales, como los informes forenses, que son muy relevantes en este caso.

La Fiscalía atribuye a Francisco Morillo, de 47 años, un delito de agresión sexual, en concurso real con un delito de asesinato, y reclama una condena de 15 años de prisión por la violación y la condena de "prisión permanente revisable" por el asesinato, al tiempo que solicita que en todo caso no pueda lograr el tercer grado "en tanto no conste un mínimo de cumplimiento efectivo de 18 años de prisión, así como que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en la sentencia" que se dicte en su día. El Ministerio Público reclama además una indemnización de 100.000 euros para los padres de la joven asesinada y 25.000 euros para su hermana.

El juicio al violador del parque se celebrará en audiencia pública durante tres días

La pena de prisión permanente revisable se introdujo en una reforma del artículo 140 del Código Penal, que establece que el delito de asesinato será castigado con esta pena cuando se den algunas circunstancias, entre ellas que "el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima".

En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que el acusado frecuentaba desde hacía un tiempo el parque de María Luisa, visitándolo una vez entrada la noche y permaneciendo incluso después del horario del cierre de las puertas -en invierno es a las diez de la noche-, "momento en el que tienen lugar encuentros de naturaleza sexual".

Dice el Ministerio Público que la noche del 23 de febrero de 2016, la víctima, Sara D. M. permaneció tras el horario de cierre del parque con la "supuesta intención de suicidarse, no siendo ésta la primera que procedía de tal modo", dado que había empleado ese mecanismo en otras ocasiones como "llamada de atención" a su entorno más próximo. Sobre las 21:47, la joven envió un mensaje con el móvil a sus allegados en forma de despedida e ingirió una importante dosis de barbitúricos que fueron "sumiéndola en una lenta somnolencia".

El acusado, en una hora no determinada pero anterior a las cuatro y media de la madrugada, coincidió con la víctima, que seguía sometida a los efectos de los medicamentos, y consciente del estado de somnolencia en el que estaba Sara "decidió aprovechar tal circunstancia para satisfacer sus deseos libidinosos más extremos" y la violó sometiéndola a una "brutal práctica sexual". Después, vistió a la joven y la dejó acostada boca abajo sobre uno de los bancos del parque, montándose en su bicicleta y abandonando el lugar. Sara D. M., de 31 años, murió horas más tarde de la agresión como consecuencia de un "shock hemorrágico" derivado de las lesiones causadas por el acusado, precisa la Fiscalía.

El violador del Parque de María Luisa reconoció en sus declaraciones durante la fase de instrucción que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero aseguró que éstas fueron consentidas y no fueron violentas hasta el punto de provocarle la muerte desangrada.

Francisco Morillo declaró entonces que aquella tarde, sobre las 21:00, coincidió en el parque de María Luisa con la joven, a la que no conocía con anterioridad, y según su versión exculpatoria ambos decidieron mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo, por lo que las mismas fueron "consentidas" y estando la chica consciente. El acusado sí admitió que la mujer estaba "un poco mareada", algo que atribuyó a que pensaba que habría tomado un par de copas, pero en cualquier caso defendió que la mujer era consciente y sabía lo que hacía.

El acusado intentará defender en el juicio que las relaciones fueron consentidas

Tras mantener las relaciones, Francisco, que está parado, afirma que se despidió de la joven, a la que dejó normal, y se marchó del parque, sobre las diez de la noche, añadiendo que no se enteró del fallecimiento hasta el día siguiente, en la mañana del 24 de febrero. El imputado negó que las relaciones fueran violentas, un aspecto que no obstante contradicen con rotundidad los informes forenses, que han determinado que la víctima falleció por un shock hipovolémico debido a la abundante pérdida de sangre provocada por los abusos sexuales.

El juicio se prolongará, en principio, durante tres días, mientras que el próximo viernes, día 12, se iniciará la vista oral por el crimen de la heladería Otoño, en este caso ante un jurado popular.

La asesina confesa de la heladería Otoño, María del Carmen Quero Bernal.

Los cargos se dirigen contra María del Carmen Quero Bernal, la asesina confesa del jubilado Manuel Martín Ojeda, cuyo cadáver fue hallado el 9 de enero de 2016 en el interior de un congelador de la heladería Otoño de la Macarena. La acusada se enfrenta a una petición que oscila entre los ocho años y medio de prisión que reclama la Fiscalía y los 20 años que solicita la familia de la víctima. La diferencia entre las calificaciones presentadas por la Fiscalía de Sevilla y los familiares del fallecido derivan de la calificación de homicidio planteada por el Ministerio Público, que además aprecia dos circunstancias atenuantes en la conducta de la acusada: la de confesión, por haber acudido a la Comisaría de Dos Hermanas inculpándose del asesinato, y la de hallarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

La acusación particular que ejerce la familia considera, en cambio, que los hechos constituyen un delito de asesinato, en el que no aprecia ninguna circunstancia atenuante, por lo que eleva a 20 años la petición de condena para María del Carmen Quero Bernal.

Los abogados José Manuel Portillo y Mariano de Alba, que representan a la familia, consideran que la confesión de la encausada en la comisaría fue "totalmente falsa, equívoca y tendenciosa", además de "interesada y alejada de la realidad", por cuanto ofreció una versión exculpatoria en la que "ocultó intencionadamente hechos relevantes y añadió otros diferentes, ofreciendo en suma una versión irreal que demuestra su intención de eludir su responsabilidad". Y añaden que confesó cuando ya no tenía posibilidad de ocultar el crimen.

En cuanto al relato de hechos, tanto el fiscal como la acusación coincidente básicamente en que la acusada y la víctima se encontraron sobre las 20:30 del 8 de enero de 2016 en el bar Mi negro y yo, ubicado en la calle Doctor Jaime Marcos de Sevilla. La acusada, que conocía "al menos de vista" a Manuel, le pidió que la invitara a una consumición alcohólica.

El jubilado se hallaba con unos conocidos y, tras terminar su bebida, se dirigió a la salida del bar, momento en el que fue abordado por María del Carmen, quien según recogen los escritos de calificación provisional de las acusaciones, le dijo: "apúrate que nos vamos a follar".

A continuación, ambos abandonaron juntos el local y se dirigieron hasta la heladería Otoño, propiedad de la procesada, donde ambos se introdujeron y permanecieron juntos toda la noche, en el transcurso de la cual la acusada -según precisa el fiscal- estuvo consumiendo varias bebidas alcohólicas, seguramente whisky.

Sobre las siete de la mañana del día siguiente, el sábado 9 de enero, se inició una discusión entre ambos "por motivos no exactamente acreditados", y fue entonces cuando la acusada golpeó "violentamente" al jubilado con una figura de Buda o similar.

La heladera colocó el cadáver del jubilado en un congelador y lo cubrió con bolsas de plástico

Manuel cayó al suelo y María del Carmen se colocó encima de él, presionando con sus rodillas la zona costal, provocándole la fractura de varias costillas. Seguidamente, cogió un cable tipo alargadera o similar que le puso en el cuello y lo asfixió.

La acusada colocó el cadáver de Manuel dentro de un congelador vertical de la heladería, y lo envolvió con plásticos y bolsas de basura, tirando a un contenedor cercano los efectos personales del fallecido.

La Policía recuperó del contenidos la figura de Buda, una botella de vino y otros enseres arrojados por la imputada. Después limpió el local con una fregona.

María del Carmen Quero Bernal se entregó varias horas después en una comisaría de la Policía Nacional de Dos Hermanas, a la que acudió en estado de embriaguez, algo que no habían apreciado varios familiares del fallecido y una pareja de la Policía Local cuando acudieron a la heladería esa misma mañana buscando precisamente a la víctima.

Los análisis realizados por el Instituto de Toxicología sobre unas muestras de cabello de la acusada determinaron que la asesina confesa había tomado alcohol y cocaína, si bien en este último caso se trataría de un consumo esporádico. El jurado deberá pronunciarse sobre las atenuantes que aprecia la Fiscalía, entre ellas la de embriaguez.